Tres meses lleva presa Juana Ruiz en una cárcel israelí y el día 7 de Julio será juzgada por un tribunal militar. En este tiempo no han mejorado las expectativas de libertad sin cargos para ella y sus compañeros de la organización sanitaria palestina Comités de Trabajadores para la Salud. Más aún, durante estas semanas la situación ha empeorado para todos ellos, al ser precintada y requisados los medios de la sede central de la organización en Ramala. Hechos muy graves cuando se da la circunstancia de que los Comités están llevando a cabo la vacunación de la Covid-19 a la población palestina y con ello se pone en peligro la misma. Porque no pasemos por alto que Israel, que tanto ha presumido de una exitosa campaña de vacunación, se la ha negado a la población ocupada de palestina.
Cuando hablamos de apartheid nos referimos a hechos como este: Israel vacuna a la población judía y excluye y dificulta el que se le pueda hacer a la palestina. Un proyecto genocida que no pierde oportunidad, en este caso el de la pandemia.
Nos llegan noticias de que otras ONGs palestinas e internacionales están siendo acosadas y acusadas de financiación de terrorismo por parte de Israel, lo que hace pensar que pudieran correr la misma suerte que Juani y los Comités de Trabajadores para la Salud. El tan manido argumento del terrorismo y su financiación es el empleado por el sionismo para criminalizar cualquier obstáculo a su proyecto expansionista. Otro ardid más para conseguir el silencio o la complicidad de los medios de comunicación y de muchos Estados, como el español.
La situación que vive la población palestina es equiparable a la de la población negra de la Sudáfrica del apartheid. En palabras de Naciones Unidas, sufre actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación de un grupo de personas -las judías- y es oprimido sistemáticamente. Llevarlo a cabo con el visto bueno internacional solo es posible si se dispone de una gran maquinaria de propaganda que es capaz de lavar la imagen de Israel.
Un ejemplo de este lavado de imagen, con la colaboración de una administración pública, la hemos tendido hace apenas un mes en Santander. Su ayuntamiento, con la alcaldesa a la cabeza, se ha prestado a coorganizar el seminario “Diplomacia pública y ciudades culturales: experiencias compartidas. Santander-Israel”. Ni a Juan Hormaechea, alcalde de Santander en los años 80, se le hubiera ocurrido organizar algo así con Sudáfrica, cuando el régimen de apartheid estaba más que desenmascarado y boicoteado internacionalmente. Pero hay que reconocer que la sociedad civil va por delante de la clase política y de ahí han surgido los numerosos Espacios Libres de Apartheid Israelí -algunos de ellos ayuntamientos de nuestra región-, que se han hecho eco de la campaña de Boicot Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel como vía para revertir la situación.
Sabemos que solo con el compromiso de la ciudadanía y las organizaciones públicas y privadas haciendo frente a la campaña de desinformación israelí, la denuncia de su sistema de apartheid y el boicot a sus intereses comerciales y culturales podremos poner fin al genocidio palestino.
Las bombas que caen sobre Gaza, la criminalización de las ONGs, el encarcelamiento de las trabajadoras sanitarias y las agresiones a cooperantes internacionales solo se pueden hacer frente señalando al agresor, Israel, y no fotografiándose con él. En caso contrario seremos cómplices de sus crímenes. En este caso lo ha sido el Ayuntamiento de Santander.