Una oleada represiva en un mar de solidaridad
Una oleada represiva en un mar de solidaridad
Durante los días 18 y 19 de marzo de 2024, los Mossos d’Esquadra hicieron un gran despliegue policial con el objetivo de detener a varias personas. Tras un mes de investigaciones y seguimientos, la Comisaría General de Información de la policía catalana coordinó un operativo con varios dispositivos simultáneos en Barcelona y los alrededores que movilizaron un gran número de vehículos y agentes, algunos de ellos camuflados y de paisano. Por el momento son 10 las personas detenidas y acusadas de manifestación ilícita, desórdenes públicos, daños y grupo criminal, aunque parece que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o citaciones al
juzgado.
Estas detenciones están relacionadas con la jornada de lucha convocada el 7 de febrero de 2024 con el lema “Estimem la vida, defensem Palestina, aturem el món”, en que miles de personas se movilizaron en toda Catalunya y otros lugares del Estado español coincidiendo con los cuatro meses del inicio de la nueva ofensiva genocida del Estado de Israel contra el pueblo palestino.
En esa jornada se convocó una huelga en Catalunya para exigir al Estado español y a la Generalitat de Catalunya la ruptura de relaciones económicas e institucionales con el Estado de Israel. En las movilizaciones, una agencia empresarial de la Generalitat de Catalunya llamada Acció 10 y las empresas Indra, Carrefour, Comsa, AXA, Burguer King, Banc Sabadell y McDonald’s fueron señaladas como cómplices del genocidio por los intereses económicos que tienen en las tierras palestinas ocupadas por el ejército israelí.
Desde el 7 de octubre de 2023 el Estado de Israel ha intensificado sus ataques en Gaza y también se ha intensificado la resistencia del pueblo palestino y los movimientos de solidaridad en todo el mundo. Este mar de solidaridad está sufriendo una oleada represiva.
En algunos países europeos como Francia y Reino Unido se han prohibido las manifestaciones y muestras de solidaridad con Palestina. En Alemania, además, se ha catalogado de organización terrorista a Samidoun, una red internacional de solidaridad con las presas y presos palestinos, y se ha prohibido su actividad política. La policía alemana está confiscando material colectivo, bloqueando cuentas en redes sociales por orden judicial y efectuando detenciones por llevar kuffiyeh o gritar “Palestina libre”. A les refugiades palestines se les está negando la residencia y la ciudadanía, los centros de jóvenes de la comunidad palestina están siendo acosados y la policía alemana ha efectuado registros en casas, centros sociales, espacios comunitarios y mezquitas. Todo esto acompañado de un discurso mediático e institucional que tacha de antisemitismo la lucha contra la colonización del Estado de Israel.
En otros países europeos como Holanda, Suiza y Bélgica también se ha vivido una escalada de la represión. La prohibición de realizar actos por parte de representantes de la comunidad palestina, la criminalización de colectivos que apoyan a los presos y presas palestinas, la disolución de manifestaciones por la policía con varias personas detenidas y heridas, arrestos con acusaciones infundadas y arbitrarias, multas y causas judiciales abiertas.
A todo esto se suma la continua negativa del Estado francés para liberar a Georges Abdallah, un combatiente árabe que lleva preso más de 30 años por su participación en los grupos de lucha armada de la resistencia libanesa y palestina en los años 80 y que, según la misma justicia francesa, hace años que debería haber sido liberado.
En Barcelona están siendo reprimidas muchas de las movilizaciones a favor del pueblo palestino, donde son constantes el acoso policial, las identificaciones y la confiscación de material de difusión (banderas, pegatinas, etc.) tras acabar los actos.
El 28 de noviembre de 2023 los Mossos d’Esquadra detuvieron a 4 personas por una acción de denuncia que se hizo el 21 de octubre en el Hotel Cortés, en el centro de la ciudad, cuyo propietario es un conocido sionista que tiene una estrecha relación con la industria militar y el negocio de la venta de armas de Israel. Otras 5 personas más fueron imputadas posteriormente, lo que hace un total de 9 personas acusadas de daños, coacciones, violación de domicilio social y desobediencia, añadiendo el agravante de delito de odio. En este caso está involucrada la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la policía catalana, que pretende catalogar este tipo de protestas en solidaridad con Palestina como antiIsrael y antisemitas.
Esto demuestra el gran interés que tienen los Mossos d’Esquadra y la gran cantidad de recursos que está dispuesta a destinar la Generalitat de Catalunya para defender sus intereses económicos capitalistas y colonialistas y mantener la paz social cuando la gente se organiza para parar un genocidio.
Ante esta oleada represiva, queremos haceros llegar nuestro análisis y apuesta política y poner el foco sobre algunas cosas con las que la represión pretende cegarnos.
Es bien sabida la estrecha relación entre los cuerpos policiales europeos y el Mossad, la agencia secreta de inteligencia del Estado de Israel. La Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra ha mantenido contactos con el Mossad para mejorar sus funciones en inteligencia y algunas unidades especiales como el Grupo Especial de Intervenciones (GEI) fueron entrenadas por el ejército de Israel.
También son bien sabidos los intereses económicos, geopolíticos e ideológicos que tiene occidente en el territorio palestino y se está demostrando que la colaboración de Estados Unidos y Europa con el Estado de Israel está siendo crucial para llevar a cabo este genocidio. Tanto el Estado Español, que mantiene sus negocios armamentísticos con Israel a pesar de haber declarado públicamente lo contrario, como la Generalitat de Catalunya, por sus relaciones económicas con los sionistas, son cómplices del genocidio.
Por ahora estas operaciones represivas están teniendo poco eco mediático. En algunas ocasiones, al poder le conviene mostrar ante la opinión pública su gran capacidad de reprimir y mantener el orden en beneficio de dichos intereses. En este caso, puede ser que de momento les interese más esconder la resistencia del pueblo palestino y el movimiento de solidaridad que se está generando.
La investigación sobre la jornada de lucha del 7 de febrero ha sido llevada a cabo por la Brigada de Extremismos violentos de los Mossos d’Esquadra. Esta Brigada también lideró las investigaciones por las que se han reprimido las manifestaciones de carácter combativo del 1 de mayo de 2022 y 2023 en Barcelona, que también acabaron con detenciones y causas judiciales abiertas. Esta brigada se consolidó en el año 2022 y, aunque según los Mossos d’Esquadra tiene el objetivo de detectar procesos de radicalización de carácter yihadista o de extrema derecha, parece que tienen una especial fijación por los entornos anarquistas y libertarios. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil comparten información con esta brigada mediante una comisión y un equipo de trabajo que lleva a cabo investigaciones conjuntas sobre movimientos que, según su criterio, pueden interferir en la “paz social”.
La jornada de lucha del 7 de febrero fue convocada por muchos colectivos, organizaciones, asociaciones y entidades de diferentes líneas políticas, fue una gran muestra del apoyo que tiene el pueblo palestino y de la diversidad de tácticas que podemos usar para luchar contra el genocidio. Durante la jornada se realizaron una gran cantidad de acciones: cortes de calles y carreteras; bloqueos de infraestructuras; escraches ante negocios y agencias empresariales que quedaron manchadas de pintura; el despliegue de una pancarta con los nombres de todas las personas asesinadas en Gaza por el ejército israelí; pasacalles repartiendo información, colgando carteles y poniendo pegatinas llamando al boicot y al sabotaje; parlamentos ante miles de personas hablando de la resistencia palestina y una manifestación unitaria donde hubo enfrentamientos con la policía y
destrozos en algunas empresas que participan en el genocidio.
Como es de costumbre, parece que estas operaciones están buscando una división dentro de un movimiento creciente que se está escapando de su control y que pretendan trazar una línea sobre aquello que está permitido en las protestas y lo que no lo está. Persiguen aquellas acciones más confrontativas porque conocen su potencial y no quieren que se repitan. Seamos nosotres quienes definamos cuáles de nuestras tácticas son legítimas y adecuadas en cada momento, no dejemos que el Estado y su legalidad nos divida entre “buenas” y “malas” solidarias.
En los últimos meses las movilizaciones, además de mostrar su apoyo a la resistencia palestina, se han enfocado a señalar las relaciones económicas y políticas del Estado de Israel. Estas operaciones represivas se dirigen sobre todo hacia las acciones que denuncian la complicidad de las empresas e instituciones en el genocidio y atacan sus intereses políticos y económicos.
La acusación de “grupo criminal” está siendo utilizada para reprimir a otros colectivos y grupos políticos, como es el caso de Futuro Vegetal, entre otros. Durante la última década el Estado español intentó usar el paraguas de la ley antiterrorista en su represión hacia la disidencia política usando la estrategia conocida como “todo es terrorismo” o el “todo es ETA”. Viendo que en muchos casos esta estrategia no ha tenido un gran resultado a nivel judicial, parece que últimamente están intentando usar el agravante de grupo criminal, que de momento les está sirviendo para justificar detenciones, intervenir teléfonos y hacer grandes acusaciones con penas de cárcel.
Nos parece importante ir analizando el uso que hacen de este concepto y confrontarlo, porque si mantienen este paralelismo entre grupo criminal y organización política, la mayor parte de la actividad política que realizamos en nuestros colectivos y organizaciones podría ser reprimida aún más duramente. Asumir que hay maneras “legales” para organizarse, o que toda organización pueda constituir un agravante es un elemento clave para poder atacar cualquiera de las formas de organización política existentes, y que forman parte de nuestra vida y luchas cotidianas. Llevan años intentando crear modelos en los que puedan incluir las diversas formas de auto-organización y protesta que surgen de los movimientos de base con el objetivo histórico de romper, separar y
desmovilizar.
El discurso oficial en el resto de Europa es que la solidaridad con la resistencia del pueblo palestino y su autodefensa es terrorismo. Aquí, después de haber gastado ese término hasta la saciedad, el sistema policial y judicial lo llama organización criminal y se escuda en una supuesta protección a las personas de nacionalidad israelí de un supuesto antisemitismo que no es más que denuncia del genocidio.
Si ellos llaman organización criminal a un movimiento que pretende parar un genocidio y luchar contra el imperialismo y el colonialismo, nosotres le llamaremos solidaridad organizada.
Esta oleada represiva está siendo grande, pero nos alegramos de ver que el mar de solidaridad está siendo aún mayor.
Mientras sigan perpetuando este genocidio, la solidaridad con el pueblo palestino no parará, por mucho que nos repriman y criminalicen. También seguiremos solidarizándonos con todas las luchas anticoloniales, antirracistas y anticapitalistas, de Chiapas a Rojava, de las luchas en defensa de la tierra a Palestina. Porque estamos dispuestes a poner en riesgo nuestra estabilidad, comodidad, e incluso nuestra libertad, por aquelles que se están jugando la vida.
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¡Viva Palestina Libre desde el río hasta el mar! ¡Libertad a las presas y presos palestinos!
Solidaridad internacionalista y un abrazo cálido a todes les represaliades.
Colze a colze.
5 de abril de 2024, Barcelona.