Nos están echando. Pisos turísticos, alquileres y un verano de escaparate

14/10/2023

Etiquetas:

Santander, alquileres, vivienda, turismo, turistificación, gentrificación, pisos turísticos, regulación, público, privado, sociedad, hogares, hipotecas, propiedad, rentismo

NOS ESTÁN ECHANDO

PISOS TURÍSTICOS, ALQUILERES Y UN VERANO DE ESCAPARATE

El pasado mes de mayo un informe del organismo supervisor de la banca señalaba que en España las familias dedican más de 40% de sus ingresos al pago del alquiler. La precarización del mercado laboral, los incrementos de los tipos de interés y el endurecimiento de los requisitos para acceder a bases hipotecarias parecen ser algunos de los principales factores del aumento de la demanda de alquiler en el Estado español. La crisis de la vivienda que se remonta a la burbuja inmobiliaria de los años 2000 y que, desde entonces, no hace más agravarse a medida que se suceden las crisis del capital, está arrojando sobre el acceso a la vivienda una serie de problemáticas entre las cuáles se encuentran, además de la especulación de los fondos de inversión, los pisos turísticos. Estos están proliferando de manera desregulada por los núcleos urbanos dificultando aún más el acceso a la vivienda de la población local.

Dichos pisos turísticos son sólo una estrategia de acumulación urbana estrechamente relacionada con los procesos de gentrificación y turistificación pero con características propias, por lo que no es la única causa de que cada vez sea más difícil para las clases populares vivir en los centros urbanos, obligadas a desplazarse a las periferias e incluso fuera de estas. Se trata de una agudización extrema del problema y que, además, en algunas ciudades del Estado español como Santander, se está produciendo muy deprisa.

No podemos olvidar una cuestión que ha pasado más desapercibida desde la crítica del movimiento de vivienda y es, como afirma Pablo Carmona, el rentismo popular, otro principal responsable con nombres y apellidos de esta inaccesibilidad a la vivienda. “Los propietarios particulares han sido determinantes en los años posteriores a la crisis de 2008: se hicieron con muchísimas de las viviendas que salieron a precios bajos y muchas de ellas se han usado de segundas y terceras residencias. Y una parte importante de esos propietarios particulares han terminado participando de ese mercado del alquiler que disparaba sus precios a partir de 2013”. De esta manera, y aunque sería más sencilla una historia clásica entre muy ricxs abusando de su riqueza y muy pobres despojadxs de lo mínimo para subsistir, esta historia tiene unos grises que complican la manera de articular respuestas colectivas a dicha situación.

Si bien, como ya señalamos en el artículo «Poniéndonos al día con la lucha por la vivienda» (nº45 de Briega, julio 2023), la ley de vivienda del gobierno más progresista de la historia no ha abordado apenas la cuestión de regular los pisos turísticos, algunas ciudades han hecho intentos más atrevidos que otros en establecer regulaciones para tener un seguimiento de los pisos turísticos y obligar a que se registren en los ayuntamientos con sanciones económicas en caso de no hacerlo. Un ejemplo, aunque lejano, sonado y reciente, es Nueva York, con restricciones al Airbnb aplicadas en el pasado mes de septiembre. En Barcelona, distintas ordenanzas municipales puestas en marcha durante el mandato de Ada Colau y otras más antiguas prevén distintas normativas reguladoras. Tal como se señala en « La regulación municipal de las viviendas de uso turístico: soluciones a través del urbanismo »: “establecimiento de un régimen de inspección obligatorio para todos los que presenten una declaración responsable; incorporación de mayores exigencias para desarrollar la actividad de las previstas en la normativa autonómica; zonificación del municipio y limitación del porcentaje de viviendas turísticas; obligación de mantener una distancia mínima entre viviendas turísticas, o limitación de su implantación al cumplimiento de parámetros urbanísticos.” Estas medidas tienen mayor o menor recorrido y suponen pequeñas limitaciones que ayudan a descongestionar posibles «colapsos turísticos» en ciudades que han sido entregadas a este sector en su mayor parte. En todo caso, no resuelven el problema. Además, hay que tener en cuenta que la mentalidad propietaria es una de las victorias del capital en las últimas décadas y el empeño en convertir a una parte de la población de proletaria a propietaria da sus frutos positivos para quienes controlan el mercado de la vivienda. Lxs propietarixs saben organizarse y hacer llamamientos a la sociedad civil con campañas para boicotear los intentos de regulación de pisos turísticos. Barcelona sería un ejemplo de cómo las redes de anfitriones patrocinadas por Airbnb son capaces de lanzar campañas para saturar las herramientas de regulación del ayuntamiento con denuncias falsas de pisos sin licencia.

La problemática supera el marco de los pisos turísticos y tiene que ver también con la destrucción del territorio, la construcción de infraestructuras innecesarias, la explotación laboral en el sector hotelero y hostelero etc. Desde posturas socialdemócratas se intenta presentar a la administración estatal como único garante posible de contener la desregulación y las medidas neoliberales, mientras que desde sectores liberales se alimenta el mito de que el mercado de la vivienda debe funcionar sin la intervención estatal. Pero, tal y como vimos en la crisis de 2008 con el rescate financiero de los bancos por parte del Estado español, estado/capital son un ente indisoluble. El hecho de que no exista actualmente un movimiento popular que pueda subvertir esta situación por otros medios, no significa que la lucha por la vivienda y contra la turistificación tenga que conformarse con que las administraciones regulen los pisos turísticos. En ese sentido, las luchas sociales por la vivienda, contra la gentrificación y la turistificación en ciudades protagonistas de este fenómeno tan violento, como son Barcelona o Sevilla, (recuperación de espacios comunitarios, búsquedas colectivas de alternativas habitacionales mediante presión con distintos medios etc.) son ejemplos que pensamos oportunos a seguir.

Santander, ciudad de vacaciones

Más del 70% de las viviendas turísticas en el Estado español se concentran en la franja costera y el porcentaje restante lo copan grandes ciudades de interior como Madrid o Sevilla. La mayoría de pisos turísticos se concentran en los núcleos urbanos cercanos a la costa, entre ellos Santander, que es el núcleo cántabro con más pisos turísticos. La crítica que hace años podría ser tildada de “turismofóbica”, concepto interesadamente patologizador e individualizante, tras el verano de 2023, se ha convertido en un debate público que trasciende los entornos activistas y militantes en Cantabria. La fantasía infinita del PRC cántabro pasa el relevo al gobierno del PP actual, que no parece dudar en hacer de Cantabria un parque de atracciones turístico con Santander como núcleo principal. Los pisos turísticos pasan a ser portadas de la prensa local de Cantabria. Los hechos destacables de este verano han sido que sólo un 10% de las viviendas turísticas en la ciudad son legales según la asociación de turismo rural de Cantabria. Por otro lado, Cantabria pasa a ser, junto a Baleares, una de las dos comunidades con mayor proporción de turistas respecto a residentes en verano. Además, la oferta de alquiler de pisos fijos en Santander ha caído un 70% porque los alquileres vacacionales posibilitan mayores ganancias para quienes ponen sus propiedades en alquiler. Esto implica que, a las dificultades ya existentes para encontrar casa para muchas personas, entre ellas jóvenes, se le suma la dificultad de encontrar algo de estabilidad en un mismo hogar debido a que en junio tengas que abandonar la casa para dejar sitio a los turistas. Cuestión que parece muy atractiva para un importante número de rentistas que ven un gran filón en turnar el alquiler entre estudiantes durante el curso académico y turistas durante el verano. Sin embargo, las posibilidades se cierran para quienes necesitan y/o quieren vivir en Santander alquilando durante todo el año a precios que no estén desorbitados en proporción con los salarios y/o con ayudas sociales, pensiones, etc., para sobrevivir.

Este modelo genera unas consecuencias sociales que imposibilitan cualquier tipo de convivencia y tejido comunitario que se mantenga en el tiempo. A la vez, nos obliga a estar siempre en una precariedad móvil que imposibilita arraigarnos y tejer vínculos que se mantengan en el espacio y en el tiempo. Además, implica que nos veamos obligadxs a compartir viviendas forzadamente en situaciones de hacinamiento, provocando otro tipo de problemas a corto y largo plazo. Son cuestiones de sobra conocidas para las clases populares pero que se agudizan y son conocidas cada vez por más personas.

Sin embargo, ¿son los pisos turísticos aquel árbol que impide ver el bosque? Suenan las alarmas, al menos mediáticamente, para los responsables políticos. Parece que hay una intención de encontrar un equilibrio entre los pisos turísticos y la oferta hotelera, regular pero no prohibir, adelantarse a los malestares sociales de otras ciudades por la masificación turística… pero lo cierto es que las alarmas sólo han sonado cuando ciertos lobbies, como el hotelero, se han manifestado sobre el tema. La gestión neoliberal del espacio urbano y el mercado de la vivienda necesita de ciertas regulaciones que permitan una fluidez para el negocio turístico. Haciendo nuestras las palabras del grupo Etcétera, que afirman que el espacio urbano es un lugar de conflicto en la que podemos ejercer nuestro derecho a la ciudad inscribiendo una relación social entre iguales donde las diferencias no se traduzcan en desigualdad, donde lo público alimente la vida social sin la necesaria mediación del dinero. Añadimos que, para ello, es necesario que surjan iniciativas colectivas contra los pisos turísticos y el modelo social que los fomenta.