Intemperie habitacional en la sociedad del naufragio

02/09/2020

Etiquetas:

vivienda, deshaucios, okupación, stop desahucios, subida de alquileres, sindicato de inquilinos, pah, guardia civil, telebasura, mercado inmobiliario, diario montañes, ley de suelo, represión, apoyo mutuo

Intemperie habitacional en la sociedad del naufragio

Apoyo mutuo como faro y refugio

En el pasado nº18 de Briega en papel intentamos aportar algunas nociones básicas para entender la subida de alquileres que se ha venido dando en los últimos años en Cantabria. En el artículo que sigue abordamos de nuevo la cuestión de la vivienda motivados por recientes acontecimientos. En primer lugar recopilamos algunos datos sobre la subida generalizada del precio de la vivienda publicados en julio por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También nos preguntamos por sus más probables consecuencias a nivel social. Además, examinamos cómo se está preparando el poder para afrontar esas consecuencias. Por último, intentamos aportar algunas propuestas para hacer frente a dicha subida de los precios del alquiler.

El pasado 13 de julio vivimos la paralización de un desahucio en El Astillero. La presión social de la Plataforma STOP Desahucios ayudó a evitar la expulsión de su vivienda de una familia con dos niños que estaban a punto de pasar a vivir en la calle. El despliegue de la guardia civil fue inaudito: cerca de una treintena agentes con material antidisturbios y acordonando el portal con vallas metálicas intentaron impedir que la solidaridad de las personas concentradas se hiciera sentir en la familia a punto de ser desalojada. No faltaron tampoco los golpes de las porras de los guardias civiles. En la misma semana conocimos también como un juez ordenaba el desalojo de otra familia, esta vez en Santander, sin previo aviso, con la consiguiente indefensión para la misma.

Por otro lado, hemos observado en las últimas semanas una fuerte campaña en medios de comunicación criminalizando la ocupación de viviendas. Horas y horas de telebasura, artículos en los principales diarios con titulares como «100 españoles con su casa okupada: las víctimas impotentes de la patada en la puerta» o el apoyo de El Diario Montañés a una plataforma contra la ocupación en Meruelo, vienen a mostrar que las élites de la especulación inmobiliaria y bancaria de este país quieren movilizar a la gente contra la ocupación. Una campaña que complica aun más el derecho básico a la vivienda en una situación en la que el mercado inmobiliario expulsa a cada vez más personas a la calle.

Cabe preguntarse si este aumento de la presión policial en los desahucios y esta campaña mediática contra la okupación son dos hechos que pueden estar relacionados. Y también si el poder no estará anticipándose a la nueva crisis económica en la que estamos adentrándonos (que provocará consecuentemente una acentuación de la crisis de la vivienda) para prevenir protestas y luchas relacionadas con la cuestión habitacional.

Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los precios de la vivienda se han disparado entre 2015 y 2018. Tanto en Santander, ciudad donde se han elevado un 11%, como en Torrelavega un 8% en media, aunque en ciertos barrios populares el aumento del precio llega a un 25%. En diversas zonas turistificadas de Cantabria los aumentos son astronómicos como en Comillas, Potes o Corvera de Toranzo donde ninguna baja del 30% de aumento en el precio del alquiler.

Parece evidente que el aumento del precio de la vivienda hace más difícil la posibilidad de acceder a la misma a familias con problemas económicos. La pandemia de Covid-19, con su estado de alarma y toque de queda, no ha hecho más que aumentar los problemas económicos de gran parte de la población, que verá más mermada su capacidad para alquilar una vivienda, no pudiendo así ejercer su derecho fundamental a tener un techo bajo el que cobijarse. Esto provocará, sin duda, más desahucios en los próximos meses. Los grandes tenedores de viviendas, bancos y fondos buitre presionarán para poder seguir dedicándose a su negocio rentista, con la consiguiente expulsión de las personas que habitan esas viviendas sin poder pagarlas. La okupación de viviendas será una necesidad para cada vez más gente y se hace necesario por un lado la organización solidaria de las que se decidan por okupar para defender conjuntamente sus intereses, y por otro lado, el desmontaje de la campaña mediática contra la okupación.

Cabría preguntarse: ¿son las ocupaciones de primeras y segundas residencias un problema de primer orden? Según un estudio del Institut Cerdài, financiado por el Banco de Sabadell las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Y entre estas casas solo una de cada diez es identificada como problemática, es decir, el porcentaje de escaleras donde hay malas relaciones con quienes ocupan en precario tiende a ser anecdótico. Por otro lado, la mayor parte de ese 0,34% pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas, como el fondo «Las Peñicas» perteneciente a Liberbank y que es el propietario de la vivienda que se intentó desalojar el pasado julio en El Astillero. Además, el número de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500, es absolutamente ridículo en comparación con el número de familias desahuciadas en la última década, unas 700.000 en todo el Estado. O del número de casas vacías según el último censo: 3,5 millones en todo el Estado, un tercio de las viviendas no habitadas de todo Europa.

Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema muchísimo más grave, la especulación inmobiliaria que se promueve activamente tanto desde la administración pública (véase por ejemplo el nuevo anteproyecto de Ley del Suelo en Cantabria) o desde los medios de comunicación (viendo, por ejemplo, el reportaje de El Diario Montañés junto con idealista.com para la promoción de la adquisición de viviendas en el medio rural de Cantabria).

La realidad es clara: la okupación de viviendas es y será la última alternativa de personas desahuciadas. Creemos que es necesario la creación de redes de ayuda mutua entre las personas que se deciden a ocupar una vivienda. Que la sociedad vea claramente que la vivienda sigue siendo una necesidad más importante que la de salvaguardar la propiedad de fondos de inversión y/o bancos que son los que contribuyen a expulsar a estas mismas personas a la calle. Creemos que la administración pública seguirá defendiendo a los bancos independientemente de su responsabilidad en este estado de cosas que hace cada vez más difícil el acceso a un techo digno para todas.

Queríamos por último mostrar que las alternativas al problema de la vivienda están ahí, en la calle, poco visibilizadas pero de mucha importancia para las personas que están al borde del desahucio de no poder pagar el alquiler. Desde el trabajo que está realizando la plataforma STOP Desahucios o la PAH que siguen dando apoyo a quien lo necesita. (Recomendamos la lectura de la entrevista que hicimos el verano pasado a un miembro de STOP Desahucios de Santander). Las huelgas de alquileres que se dieron durante el pasado confinamiento también son un ejemplo a seguir. El trabajo hecho por los Sindicatos de Inquilinos que ya se extienden por un montón de ciudades de la geografía española es impresionante. Por ejemplo en la web suspensionalquileres.org o en la de la Federación Anarquista de Gran Canaria sindicatodeinquilinasgc.noblogs.org se puede acceder a materiales y asesoramiento para la creación de estos sindicatos en Cantabria o la creación de Comités de Huelga en una hipotética futura necesidad de la misma. En los próximos meses veremos un deterioro más grande de las condiciones materiales que tendremos que sufrir todos aunque unos más que otros. Para que surja en estos momentos de crisis algo positivo hay que crear ya, desde ahora, las redes y la organización necesaria para poder dar una respuesta al naufragio, para no empezar de cero cuando llegue. Esta crisis es una oportunidad, pero no necesariamente una oportunidad de mejora. Eso depende de nosotros.