La (des)ordenación territorial en Cantabria
Una de las peores secuelas del culto a la desregulación y la liberalización extremas surgidas de la dictadura de los mercados y el triunfo del capitalismo salvaje de las últimas décadas –más allá, incluso, de la profunda depresión en que nos encontramos por los impactos irreversibles que está causando– ha sido el desprecio continuo a todos los intentos y propuestas de ordenación territorial y planificación urbanística en la organización del espacio, las actividades productivas, las infraestructuras y el aprovechamiento sostenible de los recursos como garantía imprescindible para el empleo estable, el respeto al medio ambiente y la conservación de la calidad de vida de la población.
El reflejo de esta situación, para quien haya mirado con detenimiento lo que ha ocurrido en España en comparación con el resto de la Europa occidental –donde independientemente de los propios errores al menos se adoptaron cautelas y directrices para corregir esas peligrosas tendencias a la desregulación generalizada–, resulta desolador por los estragos causados en ciudades y pueblos, en la costa y el interior, en las zonas más urbanizadas pero también en las áreas rurales o los espacios naturales, con los activos tóxicos y esas burbujas inmobiliarias que han acabado contaminando la economía productiva y explotando en los artificios financieros y las ingenierías contables con las que los consumados ejecutivos de la banca y los cualificados economistas seductores de la clase política –pero, también, de sectores de la población engañados por sus profecías y falsas rentabilidades– han impartido y siguen impartiendo magistrales lecciones de gestión y, lo que es más surrealista, de soluciones a la crisis que ellos mismos han provocado.
Y Cantabria, a pesar de su relativo retraso y aislamiento respecto a otras regiones, tampoco ha permanecido al margen de esta degradación territorial y urbanística por muchas campañas de Cantabria Infinita, de Paisajes Incomparables, de Turismo de Calidad o de Gran Reserva que hayan acompañado las trayectorias y programas políticos de los distintos gobiernos –para mayor desgracia indiferentes en estos capítulos a sus variados signos ideológicos– que se han sucedido en los últimos 30 años.
Porque sin remontarnos más lejos ¿cómo es posible, por ejemplo, que en apenas 10 años de vigencia la Ley del Suelo haya sufrido ya trece modificaciones sustanciales de su articulado sin que haya sido capaz de mantener unos criterios estables y de seguridad jurídica que evitarán los agravios que se han cometido o pusiera freno a lo que han sido las múltiples agresiones que ha venido sufriendo Cantabria? Y todo para culminar en un asalto en toda regla al suelo rústico, a los núcleos rurales, a los tramos de litoral que todavía se resisten, y a los espacios protegidos y las áreas con un alto grado de naturalidad que ha iniciado este gobierno con apenas un año de vida apoyándose, para más sarcasmo político, en las nefastas modificaciones que el gobierno anterior –también de supuesta orientación contraria– introdujera en esa Ley básica en el 2009.
Pero no ha sido esta Ley del Suelo y sus perversiones sucesivas la única “aportación” al desorden territorial y el caos urbanístico en el aprovechamiento de recursos, usos y actividades, o en la configuración de los asentamientos de población en el centro y sus periferias, en los “continuum” urbanos a salto de mata que ahogan la bahía de Santander con un crecimiento en mancha de aceite cada vez más descontrolado, en la comarca costera oriental o en las villas de la Cantabria occidental, en los valles y la media montaña de las áreas rurales del interior... Y es que ¿donde están herramientas tan imprescindibles –y nada de ello encontramos, siquiera como promesa, en la propaganda de los 5 ejes del presidente de Cantabria– como las leyes y directrices de ordenación territorial perdidas durante casi 20 años en el BOC, ese Plan Regional de Ordenación Territorial –el PROT que, por otro lado, debería tener rango de Ley–, el PORN de Cantabria, un Area Metropolitana en torno a la Bahía de Santander para garantizar la articulación y continuidad de la protección ambiental y racionalidad urbanística, la Ley del Paisaje..., como referencias obligadas para que los crecimientos especulativos no devoren los horizontes y las cuencas visuales más frágiles, los singulares paisajes que rodean los núcleos en que vivimos, el soleamiento encerrado en los efectos-pantalla de bloques y manzanas de viviendas, el activo económico del patrimonio Natural y Cultural o los suelos fértiles de mieses y vegas, invadidas y cementadas por infraestructuras viarias y usos residenciales...?
Unas cautelas de protección ambiental y racionalización constructiva que deberían reforzarse con una aplicación rigurosa –y no con su devaluación continua– de leyes estatales y autonómicas como la Ley de Costas –y el POL, amenazado nuevamente por su “adaptación” a la Ley del Suelo de Cantabria–, la de Conservación de la Naturaleza –y una gestión dinámica y exigente de los espacios protegidos capaz de lograr el equilibrio entre sus rentabilidades económicas, sociales y ambientales–, la de Montes o la de Patrimonio Cultural, que han sido ignoradas con frecuencia en los Planes Generales de Ordenación Urbana, en el desarrollo de las áreas rurales –y sus valores específicos– o el planeamiento urbanístico en detalle para establecer Catálogos y perímetros de protección sobre Conjuntos, Edificios o Lugares de Interés Histórico-Artístico, Paisajístico o Ambiental con la restauración o corrección de los numerosos impactos cometidos.
Unos aprovechamientos insostenibles que han dejado al margen, también, instrumentos decisivos para la protección y renovación de los recursos disponibles para los distintos sectores productivos y la calidad de vida de la población como la Ley de Gestión Integral de Recursos Hídricos y un Plan de Protección de Ecosistemas Fluviales como desarrollo de la Ley de Aguas en Cantabria, un Plan de Ordenación de Actividades Extractivas, un Plan Forestal que restrinja los monocultivos arbóreos de crecimiento rápido y amplíe y densifique las manchas forestales autóctonas, o un PENERCAN más global y ambicioso en el fomento de las energías blandas, el ahorro y la eficiencia energéticas o la arquitecura bioclimática..., entre otras iniciativas.