Los colectivos vecinales afectados por los polígonos eólicos muestran su preocupación ante la remodelación de la CROTU

¿Continuará el actual Gobierno de Cantabria del PP facilitando la tramitación que ha heredado del anterior ejecutivo del Polígono Eólico del Escudo? 

El polígono Eólico del Escudo ha estado envuelto en polémica desde su presentación y, por lo que parece según la noticia publicada en prensa el pasado viernes 22 de septiembre, el actual ejecutivo regional tiene la intención de continuar tramitando el proyecto.

En primer lugar, la ubicación elegida para llevarlo a cabo no parece la más adecuada, dado que se encuentra en medio de dos parajes de altísimo valor medioambiental como son la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra del Escudo y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Pantano del Ebro, ambas pertenecientes a la Red Natura 2000 y con muchas especies de prioritaria conservación.

Pero ni esto, ni las recomendaciones de la comisión de medio ambiente de la comunidad Europea para que el proyecto sea correctamente analizado, parecen frenan las ansias de una industria eólica cada vez más cuestionada, entre otras cosas por pasar por encima de la opinión de los propietarios de los terrenos o por las tramas de corrupción, como la ocurrida, por ejemplo, en algunas consejerías de Castilla y León, comunidad gobernada en el aquel momento por el PP. Actualmente, el redactor del Plan Energético de Cantabria y colaborador a través de alguna de sus empresas con Biocantaber, promotora del parque eólico del El Escudo, está siendo investigado por posibles delitos en la contratación con la administración pública.

Además, la paralización hasta por dos veces de los sondeos que la empresa pretendía llevar a cabo, a toda prisa y sin contar con los permisos necesarios, tampoco parece haber sido motivo de sanción por parte de las administraciones públicas, que han dejado sin castigo un delito contra el medio ambiente.

Los colectivos vecinales ven con preocupación la reciente desprofesionalización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para, según palabras del propio consejero de fomento Roberto Media, “agilizar el proceso y acortar plazos”. Estas actuaciones y declaraciones del Sr. Media siembran la preocupación entre los ciudadanos de Cantabria. El Gobierno autonómico pretende con esta remodelación de la CROTU apartar a los colegios profesionales, evitando los informes de expertos en favor de los de cargos designados. Ante la avalancha de proyectos en las administraciones públicas los colectivos advierten que “lo que se pretende desde el Gobierno autonómico es favorecer una especie de licencias de urbanismo a la carta para polígonos eólicos”.

Tampoco los restos recientemente confirmados de un campamento romano en la cumbre de Mediajo Frio parecen afectar a la tramitación del polígono del Escudo. Cabe recordar que estos restos arqueológicos han sido detectados por plataformas vecinales y no habían sido detectados ni por los informes arqueológicos de la empresa, ni en la revisión llevada a cabo por las administraciones públicas, lo cual ya debería ser motivo de preocupación tanto para la promotora como para la propia administración, que por el contrario parecen más preocupados por, según su propio consejero Roberto Media, “agilizar el proceso y acortar plazos”.

Tanto acortan los plazos que ni siquiera esperan a los plazos de alegaciones sobre el recientemente descubierto Campamento Romano de Mediajo Frío. Y ello pese a que, según se recogía en el artículo del Diario Montañés del pasado viernes 22 de septiembre, los colectivos vecinales y expertos arqueólogos han continuado aportando pruebas sobre su importancia.

En la noticia señalada se podía leer la desafortunada expresión “jarro de agua fría para los que se oponen a la construcción del parque eólico de El Escudo”. A tenor de lo expuesto, los colectivos vecinales sugieren modificarla de la siguiente manera: “jarro de agua fría para los ciudadanos defensores de la naturaleza, biodiversidad, paisajes y patrimonio de Cantabria, así como de un proceso con todas las garantías supervisado por expertos y no por cargos designados políticamente”.