Vuelta Ostrera. Cronología de una barbaridad ecológica
1989
El Congreso declara el saneamiento de la cuenca Saja-Besaya obra de interés general, lo que supone que la Administración del Estado asume su financiación y la competencia para construir la infraestructura.
1995
El proyecto del saneamiento es sometido a información pública.
1996
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, cuya titular era la ahora ministra Cristina Narbona, aprueba el proyecto del saneamiento. En aquel momento, estaba en vigor en la ría de San Martín de la Arena (Suances) un deslinde del año 1993, según el cual, el emplazamiento elegido para la depuradora no formaba parte del dominio marítimo terrestre, sino que sólo afectaba a los 20 metros de la servidumbre de protección.
1998
Se declara la innecesariedad de Evaluación de Impacto Ambiental.
1999
Sale a información pública el Proyecto de EDAR Vuelta Ostrera y ARCA presenta alegaciones que son desestimadas.
2000
Aprobación definitiva del proyecto de EDAR Vuelta Ostrera. La Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en Cantabria comunica a la Confederación Hidrográfica del Norte que ARCA ha denunciado que los terrenos donde se va a colocar la depuradora son inundados por las mareas. La Demarcación de Costas atiende la de nuncia de ARCA, ordena suspender las obras de la depuradora y establece que, cuando se haga un nuevo deslinde en la zona, esos terrenos deberán ser incluidos dentro del dominio público marítimo terrestre.
2001
ARCA denuncia ante la Fiscalía de Cantabria el relleno de esa zona. En marzo, la fiscal jefe de la comunidad autónoma, Pilar Martín Nájera, decide remitir la denuncia a los Juzgados de Instrucción de Torrelavega por apreciar en los hechos una infracción de la Ley de Costas que podría ser constitutiva de delito. El Juzgado de Instrucción número 3 asume las diligencias y cita como imputados en un posible delito ecológico a dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Norte: el director técnico José María Díaz Ortiz. Las obras siguen suspendidas, pero el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, José Luis Gil, anuncia que se van a retomar «de inmediato». El Consejo de Ministros declara una zona de «reserva» a los efectos de la Ley de Costas sobre el terreno que ocupa la depuradora, 87.450 metros cuadrados. Esa figura legal, la reserva, «saca» ese terreno del dominio público marítimo terrestre. Es ministro de Medio Ambiente Jaume Matas. El Juzgado de Torrelavega que tramita la denuncia de ARCA decide archivar las diligencias penales que había incoado hasta ese momento. Recomienda el archivo la propia Fiscalía, que ahora considera que el acuerdo del Consejo de Ministros da cobertura legal al emplazamiento elegido. Las obras de la depuradora se reanudan. ARCA da a conocer un informe de la Universidad del País Vasco (UPV) que advierte al Ministerio de Medio Ambiente de que está rellenando para construir la depuradora del río Besa ya una «zona de marisma de gran valor botánico y ambiental», donde existen cuatro ecosistemas protegidos por la directiva europea de hábitats. Ese informe del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV, emitido a petición de los ecologistas, considera «inexplicable» que se esté destruyen do esa zona de la ría de San Martín de La Arena y aconseja que se busque otro emplazamiento con menor impacto ambiental. El contenido de este documento rebate las afirmaciones del entonces consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil, quien había sostenido que esa marisma tenía «nulo valor ambiental».
2003
ARCA recurre ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros que crea una reserva legal sobre esa zona de marisma y solicita la suspensión cautelar de las obras. Como pruebas, los ecologistas aportan el informe de la UPV y un estudio de la Fundación Leonardo Torres Quevedo sobre el valor ambiental del área ocupada por el relleno. El Tribunal Supremo deniega la suspensión cautelar de las obras.
2005
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, visita la depuradora de Vuelta Ostrera, cuya construcción ha costado 24 millones de euros. El Estado ha aportado el 85 por ciento y el Gobierno de Cantabria ha pagado del 15 por ciento restante.
26 de octubre.
El Tribunal Supremo anula la decisión del Consejo de Ministros, declara que la depuradora ha invadido de manera injustificada el dominio público marítimo terrestre y ordena que sea derribada.
21 de noviembre.
Se da a conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que es firme.
24 de noviembre.
ARCA valora en conferencia de prensa las consecuencias de ese fallo judicial. Una docena de personas, que se presentan a sí mismas como miembros de una plataforma a favor de la descontaminación de la Ría de San Martín de la Arena, se manifiestan ante la sede de los ecologistas, intentan entrar en ella e increpan a sus dirigentes. ARCA anuncia que es consciente de las consecuencias que tendrá solicitar la ejecución de la sentencia de derribo y que, por ello, ha decidido tomarse «un período de reflexión» en el que está dispuesta a escuchar las propuestas de las administraciones.
10 de diciembre.
Manifestación en Suances a favor de la depuradora.
13 de diciembre.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, Jorge Marquínez, se reúne con ARCA y anuncia que la ministra de Medio Ambiente recibirá a los dirigentes de la asociación ecologista el 22 de diciembre para tratar de buscar una solución «técnica y jurídicam ente viable». También adelanta que el Ministerio devolverá a la marisma la mitad de los terrenos, mientras busca una solución definitiva.