Efímera vida de El Apeaeru

La okupación de este inmueble significó un ataque directo al planeamiento urbanístico de una ‘golosa’ zona para la expansión de Torrelavega. También a la propiedad privada, entendida como vehículo para la especulación. Los propietarios de esta casa, que según los vecinos residen en Madrid, tienen otros cuatro edificios en estado de abandono en el mismo barrio de Sierrapando.

Además de esa denuncia a la existencia de viviendas vacías, el Apeaeru hacía hincapié en la penosa situación de los jóvenes. Desde ahí, el colectivo que llevaba la responsabilidad de la iniciativa, no se planteaba la ocupación como un fin en sí mismo. No era sólo una denuncia social. Pretendían un espacio donde proponer y realizar alternativas. Del debate y la interacción, de juntarse para tratar sus problemas e intereses comunes, se le iba dando forma a un proyecto de vida lejos de una asfixiante hipoteca, a un aprendizaje libre de los métodos para alcanzar sus objetivos, al disfrute con otros modelos de ocio, etc. Un trampolín desde el que materializar sus ideas.

La okupación, por su coherencia con los intereses que se perseguían, fue la forma escogida para criticar proponiendo. Con las labores de desescombro y limpieza se dispuso el lugar para empezar a realizar actividades y servir de vivienda a algunas de las personas del colectivo. Los arreglos y mejoras que se planeaban no dio tiempo a realizarlos. La inauguración de El Apeaeru, con una afluencia que desbordó las previsiones, supuso una muestra de apoyo a la andadura que se iniciaba. El desalojo, apenas un mes después de aquella fiesta popular, dio al traste con la iniciativa. Un periodo de tiempo demasiado breve para afianzar una apuesta que comenzaba a conocerse.

Hasta ese día, los principales problemas que afectaban al desarrollo del proyecto podían ser tres: la falta de tejido social y de costumbre para participar en este tipo de propuestas que hay en Cantabria; la lejanía del centro de la ciudad y la complejidad de romper con este hábito de no desplazarse; y la dificultad que encontraban las personas del colectivo en la gestión del espacio por falta de experiencia y de recursos.

No obstante, estos factores eran algo a lo que ir dando respuesta con el mismo funcionamiento de la casa como centro social y como vivienda. La irrupción de un factor externo tan contundente como fue la intervención judicial y policial, en una apuesta que pretendía ir madurando al ritmo de sus posibilidades, paró en seco las oportunidades que se le presentaban a este edificio abandonado.

Acostumbrados a que el engranaje del mundo en que vivimos no es fácil de demoler, la asamblea del Apeaeru asume que pueden vivir la derrota. Son conscientes de que sus necesidades y sus problemas, los fines que orientaban el proyecto, siguen estando ahí. Y de ahí surge proponer alternativas por cualquier medio.

El desalojo

A primera hora de la mañana se personó en el lugar una patrulla de la Policía Nacional. Sin previo aviso, mediante una patada en la puerta, los agentes entraron en la casa y comunicaron a los inquilinos que “se tenían que ir de allí”. El desalojo se produjo sin mostrar ninguna orden judicial y sin que las tres personas que allí se encontraban presentasen resistencia. Fueron conducidos a dependencias policiales para prestar declaración y puestos en libertad posteriormente.

Desde ese momento la casa quedó vigilada por patrullas del Cuerpo Nacional de Policía, mientras una empresa de albañilería tabicaba puertas y ventanas. Los miembros del colectivo se reunieron allí para sacar las cosas del edificio, lo que se les permitió hasta que los accesos quedaran tabicados y siempre que entrasen acompañados por un agente.

Dos policías confirmaron a DC que ellos se limitaban a vigilar el recinto. Un juzgado de Torrelavega había dictado el auto de entrada y desalojo ante la denuncia de los propietarios ya que “tabicar puertas y ventanas lo tienen que solicitar y pagar los dueños”. Los vecinos, por su parte, informaron a DC de que los propietarios se habían pasado por allí unos días antes “sin bajarse del coche y sin hablar con los chavales. Vendrían sólo a confirmar lo que les habían dicho. No quieren que haya nadie porque quieren vender en cuanto puedan”.

La manifestación

Como consecuencia del desalojo, el pasado 22 de marzo se celebró en Torrelavega una manifestación a la que asistieron numerosas personas y cuyo lema era: “contra la especulación urbanística y por el derecho a una vivienda digna”.

HISTORIA DE LA OKUPACIÓN EN CANTABRIA
Cantabria no se ha caracterizado nunca por tener un movimiento de okupación importante. No obstante han existido varias iniciativas que merecen su reconocimiento.
En septiembre de 1979 se ocupó públicamente una vivienda, que llevaba ocho años sin  inquilinos, con el lema «apertura de pisos vacíos».
A las dos semanas, mientras se hablaba con los vecinos y se iniciaba la rehabilitación, la Policía Nacional desalojó por la fuerza sin orden judicial. Hubo tres detenciones a las que se sumaron otras tres en la posterior concentración de apoyo.

Hacia finales de 1994 una asamblea de okupas decidió entrar en lo que fuera el cuartel de la policía armada, abandonado hacía años. A pesar del apoyo vecinal y tras resistir un primer intento de desalojo, intervino la policía con una orden directa de Delegación de Gobierno, acabando así con este proyecto conocido como «La Casuca».

Este mismo colectivo okupó, en enero de 1995, tres chalets a medio construir que llevaban 13 años abandonados en la zona de Cueto-Valdenoja. El espacio se encontraba en condiciones deplorables y apenas se disponía de recursos. Aun así se desarrollaron talleres de marroquinería, malabares, jornadas, comidas populares, multitud de conciertos y locales de ensayo donde se llegaron a grabar discos, biblioteca, huerta y un pequeño rocódromo. A pesar de una primera sentencia favorable, esta segunda «Casuca» desaparece por el recurso que el propietario interpuso.

Muchas más han sido las ocupaciones puntuales, denunciando públicamente distintas situaciones: en sedes de sindicatos, de partidos políticos, en mercados públicos, en ayuntamientos, en el Puerto de Santander, etc., habiendo sido algunas de ellas castigadas incluso con penas de cárcel.

Por otro lado, también es necesario reconocer también a todas las personas que, aunque no sea de forma pública, ocupan viviendas vacías, portales de iglesias, cajeros automáticos o cualquier forma de techo.