Denuncian al Ayuntamiento de Santander por mantener callejero franquistas
Medio centenar de vecinos y vecinas de Santander ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Cantabria contra el Ayuntamiento por la persistencia de calles dedicadas a figuras destacadas del franquismo. La denuncia, promovida principalmente por la Plataforma Memoria y Democracia, exige la retirada inmediata de los nombres del General Dávila y Camilo Alonso Vega del callejero de la ciudad, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Las personas denunciantes acusan al equipo de gobierno municipal del Partido Popular de «clara prevaricación» por incumplir la obligación legal de eliminar referencias a personajes vinculados con la dictadura franquista y la represión posterior. Esta acción se enmarca en una larga lucha de organizaciones locales por la justicia histórica, ya que en 2023 una denuncia similar no prosperó, remitiéndose a la vía Contencioso-Administrativa.
María Toca, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, enfatiza que es inaceptable que haya calles que honren a personas responsables de crímenes y represión durante la dictadura. Fernando Fernández Pita, de la Plataforma de Pensionistas de Santander, destaca la inacción del Ayuntamiento pese a las reiteradas peticiones de diversas personas y asociaciones para cumplir con la Ley de Memoria Democrática.
Las personas denunciantes no descartan más acciones si la Fiscalía no actúa de oficio. Consideran imprescindible que las administraciones cumplan con las leyes, y están dispuestas a seguir luchando para que Santander deje de homenajear en su callejero a figuras que representan una etapa oscura y violenta de la historia de España.
La postura del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Gema Igual, se ha caracterizado por una aparente prudencia y una falta de respuestas claras a las demandas ciudadanas. Igual ha manifestado que espera revisar el contenido de la denuncia, que dice desconocer, antes de tomar cualquier decisión.
Esta acción se suma a un contexto de resistencia del Partido Popular local a cambiar nombres franquistas, alegando razones históricas y burocráticas, mientras se apresura a honrar a figuras como Emilio Botín, mostrando una clara incongruencia en la aplicación de criterios para la asignación de nombres en los espacios públicos.
La denuncia es un recordatorio contundente de la necesidad de justicia histórica y el cumplimiento de las leyes, y pone de relieve la importancia de que las instituciones respeten la memoria de las víctimas del franquismo y la dictadura.