Declarar Cantabria ’libre de transgénicos’

En Cantabria se ha formado una plataforma integrada por distintos colectivos agrarios, ecologistas y sociales que exigen se declare nuestra Comunidad Autónoma ’zona libre de transgénicos’. Desde dicha plataforma se ha remitido una petición formal a la Consejería de Biodiversidad, Desarrollo Rural y Ganadería, para que siga el ejemplo de otros gobiernos autonómicos, como Asturias y Euskadi. En estas zonas no se permite el cultivo de variedades modificadas genéticamente y se está reclamando la prohibición de servir productos con ingredientes transgénicos en centros oficiales, comedores escolares…

Recortar y pegar genes, recombinando la información genética de especies muy dispares que nunca se cruzarían en la naturaleza, es lo que se conoce como transgénicos. Aumentar el rendimiento de los cultivos, mejorar la calidad de los alimentos y del medioambiente y contribuir a solucionar el problema del hambre en el mundo son las tres grandes promesas. Trece años después de su implantación se ha evidenciado que estas promesas no se cumplen.

Del 13 al 18 de abril se celebró en todo el Estado la semana de movilización contra los transgénicos. Quienes se oponen a estos cultivos hablan de los daños irreversibles que ocasionan a la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Consideran que es una vuelta de tuerca más a un modelo agrario insostenible y que su único objetivo es el beneficio de las grandes corporaciones transnacionales.

La impresión de quienes se reunieron con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Jesús Oria, fue que esta Consejería no descartaba la posibilidad de aprobarlo. Isabel Bermejo, de Ecologistas en Acción, señala que "fue receptivo y tiene claro que los ganaderos cántabros rechazan los transgénicos". Pero tampoco se muestran optimistas: "No esperamos nada bueno del PSOE, socio de gobierno: el Ministerio de Agricultura es claramente pro-transgénico y la actual ministra de ciencia y tecnología ocupaba anteriormente la presidencia de Asebio –la Asociación Española de Grandes Empresas Biotecnológicas–”. Concluye que "en tiempos de Narbona, el Ministerio de Medioambiente era el único mínimamente sensible y su capacidad de influencia, que entonces era mínima, ha quedado ahora prácticamente anulada."

Otros territorios que se han declarado libres de transgénicos son Canarias, Mallorca, Menorca... lugares como Cantabria, donde el cultivo de maíz no ocupa grandes extensiones y está disperso, siendo la contaminación transgénica una grave amenaza para las variedades locales.

Por otro lado la UE es un mercado único. En ese contexto estas zonas no tienen capacidad, o no hay ganas de enfrentarse a Bruselas, para impedir la comercialización. Los estantes de los supermercados repletos de marcas transgénicas, los piensos para el ganado o la entrada de barcos cargados de decenas de miles de toneladas de soja transgénica es una realidad cotidiana, como ocurre en el puerto de Santander.

Comemos transgénicos

Los principales cultivos transgénicos –soja, maíz, colza…– se emplean como piensos de animales y como derivados para ingredientes de multitud de productos elaborados -lecitina de soja, glucosa, edulcorantes…-. Cantabria, como cualquier parte del mundo, no está exenta. Gran parte de nuestra cabaña ganadera está alimentándose con ello. Cada vez que consumimos los productos más habituales estamos, en muchos casos, comiendo transgénicos sin saberlo: Carne, huevos, leche y sus derivados, bollería, galletas, cereales, chocolates, salsas, sopas, aperitivos salados y dulces, etc. La legislación actual sólo obliga a indicarlo si la proporción es mayor de 0.9% en cada ingrediente por separado. Además, desde la plataforma, se sospecha que esos análisis no se realizan. Somos el último eslabón en la cadena alimentaria, donde se acumula la mayor proporción de la contaminación y, por ello, los efectos se manifiestan en mayor medida.

La seguridad alimentaria de estos productos se basa en estudios realizados por las mismas empresas que los comercializan, lo que no parece muy objetivo. En diversos ensayos de laboratorio independientes se han detectado daños en órganos vitales como hígado y riñones, trastornos del sistema inmunológico, alergias o perdida de fertilidad entre otros. La financiación que permitía estos estudios independientes ha sido, en muchos casos, retirada apenas han ido obteniendo resultados.Para poder patentarlas, las multinacionales del sector afirman que las variedades transgénicas son un ‘invento’ creado por ellas, pero eluden cualquier responsabilidad sobre sus efectos nocivos cuando aparecen, alegando en este caso, que en nada se diferencian de otras variedades naturales. La responsabilidad recae entonces sobre el productor, que seguramente incumplió algo de la letra pequeña del protocolo. No hay ningún seguimiento oficial sobre los riesgos para la salud y muy poco dinero para la investigación pública. Además la política de la administración se orienta a captar fondos privados, en gran medida de estas mismas corporaciones.

Agrario y ambiental

En todo el estado español hay cultivadas 80.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente, siendo superficies significativas en varias comarcas de Aragón, Cataluña y Extremadura. En Cantabria no hay constancia aún de que existan cultivos transgénicos. Ana Rodríguez, de la Red de Semillas de Cantabria, señala que "aquí el gusano que taladra estas plantas no ocasiona tantos problemas como para que los agricultores demanden esta variedad con un gen de bacteria insecticida", aunque sí podría existir algo de contaminación por transgénicos, algo imposible de detectar salvo por caros y sofisticados análisis.

A medida que se van intensificando y mercantilizando nuestros modelos agrarios, su aparición es cuestión de tiempo. En palabras de Rodríguez: "La causa de estos problemas está en el modelo agrario promovido por las multinacionales y respaldado por los gobiernos, no en un determinado gusano. La solución no es ’injertar’ un gen de bacteria en el maíz sino promocionar un modelo basado en la diversidad, las variedades locales, las técnicas no intensivas… de modo que el sistema agrario sea capaz de autorregularse. Esto está claramente constatado en la agricultura ecológica". Estos cultivos de última generación tampoco están exentos de problemas para su mismo modelo: resistencias de las plagas, necesidad creciente de insumos agroquímicos más agresivos cada nueva campaña, destrucción de flora y fauna auxiliar, encarecimiento de costes, perdida de fertilidad de suelos y necesidad creciente de fertilizantes en un momento que se agotan y encarecen los fosfatos mundiales, etc. El polen se desplaza varios kilómetros durante la época de polinización. El masivo empleo de semillas híbridas hace prácticamente imposible obtener simiente de variedades puras, con la perdida de biodiversidad y la dependencia de las casa de semillas que conlleva . Si a esta contaminación genética le sumamos ahora la de los transgénicos, el problema sería superlativo. Aquello de que las plantas se autorreproducen dejaría de ser cierto, podrían desaparecer las variedades y habría que recurrir a las semillas creadas en los laboratorios de las multinacionales para poder ver una mazorca.

La imposibilidad de frenar la contaminación genética es una evidencia. Ante esta imposibilidad de que coexistan cultivos transgénicos y no transgénicos, las administraciones proponen fijar unos umbrales de contaminación. Dicho de otro modo, si sólo está ’un poco’ contaminado podrían llegar a considerarlo incluso ecológico. Quienes se oponen a pensar en un futuro donde sólo tengan cabida cultivos contaminados genéticamente reivindican la posibilidad de negar este modelo. La única opción que queda es declarar zonas libres de transgénicos.

Gran parte de la investigación biotecnológica reciente se orienta al desarrollo de mejoras cualitativas (menos calorías, menos colesterol...) destinadas a una minoría de la población mundial cuyos excesos de alimentación están ocasionando graves problemas de salud. Si el desarrollo de una variedad comercial lleva 10 años y cuesta 300 millones de dólares, evidentemente interesan los grandes mercados de las sociedades opulentas donde rentabilizar la inversión, no los problemas de los pequeños agricultores y de la población hambrienta.

Artículo publicado en Diagonal Cantabria nº11