Juan condenado en Italia a 28 años de cárcel

El 9 de julio nuestro amigo y compañero Juan ha sido condenado en primer grado a 28 años de reclusión mas tres años de libertad vigilada, bajo la acusación 280bis (atentado con finalidad de terrorismo) por el ataque explosivo que provoco daños en la sede de la Lega de Treviso en 2018. Evidentemente se trata de una condena escrita de antemano, que recoge íntegramente la petición del fiscal a pesar de que la reconstrucción de la acusación fuera puntualmente desmentida en el transcurso del juicio (en particular en lo que respecta a la presunta “prueba” de ADN), y está dirigida descaradamente a enterrar vivo a Juan bajo décadas de cárcel, incluso sin la imputación de masacre, retirada por el mismo fiscal durante la acusación. Juan lleva preso tres años en la sección de alta seguridad de la cárcel de Terni,
desde donde ha seguido haciendo aportaciones al debate anarquista, con escritos, contribuciones a asambleas y encuentros, huelgas de hambre en solidaridad con otros presos y reivindicando, también en el proceso de Treviso, la propia condición de anarquista y su apoyo a las prácticas de ataque y acción directa. En el momento de su detención tenía
pendiente un cúmulo de penas de 8 años, y en la actualidad, tras el archivo de la causa por la que era investigado (280bis) por la acción contra la escuela de policía POLGAI de Brescia, está imputado por otra acusación de 280bis por un ataque contra el tribunal de vigilancia de
Trento en 2014. En el mismo proceso otros dos compañeros están acusados de favorecer la clandestinidad de Juan durante los años anteriores a su arresto y un tercer compañero, Massimo, que se encuentra en custodia cautelar bajo arresto domiciliario, acusado de
extorsión por intentar hacer que se leyera un texto sobre la masacre en las cárceles en marzo de 2020, en una transmisión radiofónica. Es evidente que la desproporción de las acusaciones (masacre y terrorismo para Juan y extorsión para Massimo) respecto a los hechos ocurridos no responde al azar ni a un fiscal con delirios de grandeza, sino a una
decisión enfocada a quitarse del medio, por un período de tiempo indefinido (en el caso de Juan básicamente de por vida) a compañeros de los que el Estado quería deshacerse desde hace décadas, por su contribución a las luchas y por su determinación de hacer del
anarquismo una fuerza viva y peligrosa para el poder, lejos de cualquier pacificación y de cualquier renuncia a las propias ideas y prácticas, convencidos de que el momento de actuar es aquí y ahora, y de que la prospectiva revolucionaria no es un sueño que aplazar a un futuro
indefinido sino un intento concreto a realizar en el presente.

El mismo trato para Alfredo y Anna, imputados en la operación Scripta Manent: no sólo han puesto a Alfredo en régimen 41 bis (aislamiento total, definido como forma de tortura hasta por instituciones para nada revolucionarias como la Corte Europea de los Derechos Humanos) sino que el tribunal supremo ha redefinido una anterior condena, pasando de
masacre a “masacre política”, para la que contempla la cadena perpetua como condena base. En el mismo proceso algunos compañeros han sido condenados a 2 años y medio con la acusación de instigación a delinquir por la redacción de periódicos y páginas web: al intento de acabar con las prácticas de ataque se le suma el de silenciar la propaganda; también el traslado de Alfredo al 41 bis puede ser interpretado, entre otras, como destinado a interrumpir sus contribuciones a través de escritos, libros, entrevistas, correspondencia que el compañero siempre ha continuado mandando desde la cárcel.

Detrás de condenas sin precedentes en las últimas décadas de historia del movimiento anarquista se esconde un plan general definido explícitamente a partir de la institución de la Dirección Nacional de Antimafia y Antiterrorismo: además de extender el uso del 41 bis,
cerrar la partida con un área, el anarquista, que, mas allá de la fuerza efectiva, nunca se ha prestado a compromisos ni arrepentimientos, y que décadas de investigaciones por 270 bis (asociación con finalidad de terrorismo) o por asociación para delinquir no han sido capaces de desarticular: las operaciones por delitos asociativos se siguen produciendo a ciclo continuo (sólo en los últimos años: Ritrovo, Bialystok, Sibilla, Panico, Lince, Scripta Manent, Prometeo, Diamante, Scintilla, Renata…) y conllevan largos períodos de custodia cautelar
aunque raramente terminen en condena, justo porque la rígida estructuración prevista por los delitos asociativos se adapta mal a la informalidad y a la horizontalidad de la relación de afinidad entre compañerxs anarquistas. Mejor todavía, para terminar con esxs compañerxs que, a pesar de todo, todavía se obstinan a hablar de conflicto, de insurrección, de revolución (y actúan en consecuencia), utilizar acusaciones que prevén penas desmesuradas es garantía de que un puñado de subversivxs no verá la luz del sol durante décadas, advertencia para quienes pretendieran continuar en el camino de la lucha y el ataque, prevención del “contagio” anarquista entre explotadxs (¿quién se te acercará si las prácticas que siempre has reivindicado conllevan cadena perpetua?).

El intento de acabar con el anarquismo revolucionario y conflictivo no es algo exclusivamente italiano, mas bien una tendencia europea, vistas las numerosas investigaciones y detenciones con compañerxs anarquistas implicadxs, en Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, y es evidente que el ataque dirigido a lxs anarquistas no puede entenderse sino en el
contexto de emergencia permanente y de guerra abierta en el que estamos inmersxs desde hace 2 años. Años de fortalecimiento del Estado, de su dominio del territorio y de su control sobre la población; de aumento de poderes de la policía y del uso del ejército dentro de las
fronteras; de experimentación con “zonas rojas”, pasaportes verdes y prohibiciones de manifestaciones; de dura represión en las calles (desde cargas contra quien protestaba contra el greenpass a las medidas cautelares contra estudiantes que tomaron las calles después de las muertes en la alternancia escuela-trabajo) y en los puestos de trabajo;
de aumento del control tecnológico y del precio de los bienes esenciales, al borde de una crisis económica y de un empobrecimiento general cuyas consecuencias – también en términos de conflictividad – son difícilmente imaginables, pero contra las que el Estado ya
está preparando sus propias contramedidas, y en las que lxs anarquistas podrían tener algo que decir, además de la posibilidad de encontrar las ganas de otrxs explotadxs y empobrecidxs. Mejor encerralxs y tirar la llave: serán pocxs y desorganizadxs, pero no hay otra manera de deshacerse de ellxs.

Respecto a la acusación de terrorismo no tenemos mucho más que añadir a lo ya dicho por Juan en su declaración ante el tribunal de Treviso: la violencia revolucionaria sabe elegir sus propios objetivos, la violencia indiscriminada pertenece al Estado, que, justo en el período
en que fue atacada la sede de la Lega, provocó miles de muertos en el Mediterráneo y en las fronteras. El mismo Estado que inauguraba la gestión terrorista de la pandemia con una propia y verdadera masacre de Estado (14 muertes) en las cárceles.

El dolor y la rabia que nos causa ver un compañero condenado a una pena de la que no podemos vislumbrar el final no hacen sino reforzar nuestras convicciones: seguiremos en el camino de la lucha, de la conflictividad permanente, de la acción directa. Como siempre, pero desde hoy con un motivo más. Por enésima vez, el Estado ha calculado mal.

SOLIDARIDAD CON JUAN

SOLIDARIDAD CON ANNA, ALFREDO Y LXS IMPUTADXS EN LA OPERACIÓN SCRIPTA
MANENT

LIBERTAD PARA TODXS

TERRORISTA ES EL ESTADO

                                                                                              anarchiche e anarchici di Trento e Rovereto

Para escribir al compañero:

Juan Antonio Sorroche

Casa circondariale

Str. delle Campore, 32

05100 Terni TR