Manifiesto de la Campaña Contra la Constitución Europea, Asamblea de colectivos de Cantabria

Los colectivos firmantes acuerdan realizar una campaña conjunta ante el referéndum sobre la Constitución Europea del próximo 20 de febrero de 2005 y suscriben el siguiente manifiesto.

Introdución

De la crisis económica de los 70 surge una Europa maltrecha y rezagada en lo político y económico respecto a EEUU y Extremo Oriente. El Acta Única Europea, que se firma en 1986, puso las bases del primer gran proyecto europeo, el mercado único, con el que se trataba de elevar la competitividad de la economía europea en los nuevos mercados globales. En una segunda fase, con el Tratado de Maastricht, se encara el proyecto de unificación monetaria, con dos objetivos: 1) hacer efectivo el mercado único y 2) lograr la independencia monetario-económica de Europa respecto a EEUU. El reiterado fracaso del proyecto político, escenificado en Ámsterdam, y la necesidad de respaldar el euro con una mínima vertebración política han sentado ahora a Zapatero en la sala de los Orazi y Curiazi (Campidoglio de Roma, donde se ha firmado la Constitución Europea por los jefes de estado de los 25 países miembros).

En España los sindicatos mayoritarios y el socialismo de la alternancia se han situado a la estela del euro y de sus políticas de precariedad laboral y cultural y de guerra contra el terrorismo. Por lo que habrán de borrar, si es que aún no lo han hecho, la palabra internacionalismo de sus documentos. Ni que decir tiene que dejarán de “representar”, si alguna vez lo hicieron, al espíritu de la ilustración. ¿Demostrará el referéndum que tampoco “representan” a la mayoría de la sociedad?

El fundamentalismo neoliberal de la CE
Los derechos económicos muy por encima de los derechos humanos

La Constitución asume de forma absoluta el neoliberalismo más extremo. La libre circulación de capitales, la independencia del Banco Central Europeo, la estabilidad monetaria como su fin exclusivo o la entronización del principio de flexibilidad, es decir, la precarización laboral, y de libertad de mercado como guías de la actividad económica son los “principios inmutables” de este tratado.

Todas estas medidas están orientadas a facilitar a las empresas transnacionales el trasladarse donde los salarios sean más bajos y las políticas ambientales más débiles. Permitiendo el cierre patronal (lockout) por parte de los empresarios y, sobre todo, las deslocalizaciones, verdadera piedra angular desde la que se ha desarrollado la integración de los nuevos países del este.

En definitiva, la CE se encarga de consagrar el derecho a la propiedad privada por encima de los derechos humanos y sociales. El único sistema económico permitido será la “economía de mercado de abierta y libre competencia”, y pervivirán las desigualdades de presupuesto, servicios y salarios entre los países europeos puesto que el sistema de seguridad social será a gusto de cada país.

Unos derechos sociales extremadamente limitados

Dos son las conclusiones fundamentales a las que se llega después de analizar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión:

1)Se igualan los Derechos Sociales de los europeos a los niveles de los países donde estos están más desprotegidos, estableciéndose una regulación más restrictiva incluso que la recogida en la propia Constitución Española, por lo que la cobertura del derecho europeo en lo que a garantías sociales se refiere queda claramente limitada. Así, hay derechos como el derecho a la vivienda o el derecho a un salario suficiente que no se recogen.

Por otra parte hay derechos que aparecen claramente limitados y otros ni siquiera son mencionados:

• Se recoge el reconocimiento y respeto del derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, sin embargo, en ningún caso se garantiza; lo que, unido a las políticas de déficit cero, dificulta el desarrollo de políticas sociales, por lo que la protección en materia de Seguridad Social entra en peligro.
• Se otorga rango constitucional a la libre circulación de bienes, capitales y a la libertad de establecimiento sin que se prevea un salario mínimo europeo o el derecho a un trabajo estable, todo lo cual supondrá la rebaja de los derechos económicos de los trabajadores y, por ende, la desigualdad de salarios entre los estados miembros.
• El derecho de huelga queda limitado a las leyes restrictivas de cada país, lo que dificulta formalmente la huelga general europea.
• No se reconocen los derechos de las personas de orientación homosexual a contraer matrimonio o fundar una familia.
• En la absurda, costosa y poco realista UE de 21 lenguas oficiales, no se permitirá el uso de la lengua propia por parte de muchos pueblos de Europa. Esta clara discriminación implica, por ejemplo, que el maltés será lengua oficial y el catalán o el euskera no.

2)Además de esta regulación restrictiva de los Derechos Sociales y Económicos de todos los europeos la Constitución no articula ningún sistema que garantice su cumplimiento. Por el contrario, establece que la Carta de Derechos Fundamentales no crea ninguna competencia ni misión nueva para la Unión y prevé la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Carta.

Un proyecto militarista y un marco judicial-policial represivo

El proyecto de CE apuesta por mantener una política exterior y de seguridad común que los países tienen que apoyar de forma activa y sin reservas. Crea la Agencia Europea de Armamento y afirma que cada país se compromete a mejorar progresivamente sus capacidades militares; se legalizan las declaraciones de guerra por parte de la Unión y aprueba los ataques preventivos.

La cláusula “de solidaridad” entre estados habla de prevenir el terrorismo en los territorios de los estados miembros y de evaluar periódicamente los riesgos que amenazan la Unión, sin definir en caso alguno el término terrorismo ni explicar cuál sería el ámbito de actuación siguiendo de una forma contradictoria la doctrina de la "cruzada contra el mal" de George Bush.

Para todas aquellas personas que estamos en contra de la guerra y proponemos la renuncia definitiva e incondicional del uso de las fuerzas armadas como instrumento político, la CE sólo nos ofrece un modelo militarista.

Por otro lado, se consagran la policía interna Europol y la fiscalía Eurojust que refuerzan el control policial y la represión. La falta de un verdadero marco judicial único en materia penal (como también en materia fiscal o civil) fomenta la indefensión de las personas, sobre todo en lo que respecta a la impunidad de las legislaciones más reaccionarias o restrictivas de derechos de muchos de los estados miembros. Por este motivo, esta política de represión preventiva contenida en el ámbito de la seguridad, extiende la desconfianza y el temor a las poblaciones, posibilitando la anulación en la práctica el derecho de asilo y refugio.

La Europa fortaleza

No podemos olvidar a las miles de personas obligadas por la necesidad, y por las políticas capitalistas y la propia historia colonial de los países europeos, a una inmigración desesperada que se enfrenta a legislaciones restrictivas que les niegan todos los derechos y que obstaculizan su libre incorporación a las sociedades europeas. Personas que cuando han accedido a los beneficios de la regularización, han constituido una mano de obra barata o semi-esclava de la que se alimentan diversos y considerables sectores de la economía. Esta situación influye decisivamente en una CE que distingue claramente y de forma oficial entre ciudadanos comunitarios y no comunitarios. Fomentando de esta forma la xenofobia y la creación de una nueva e inferior categoría de persona, la de residente de larga duración no comunitario. El futuro de la UE, que se establece claramente en el tratado, se enmarca en este contexto y en una vigilancia delirante y continua de las fronteras para impedir estos flujos migratorios, que convertirá a Europa en una fortaleza contra la entrada de estas personas.

Desde la UE y, en consecuencia, en el tratado constitucional se plantean este hecho como un problema al que hay que enfrentarse con medidas exclusivamente policiales que, además, refuerzan, más que reducen, a las mafias en los países de origen y de destino. Por este motivo, la inmigración es tema del apartado de la CE denominado “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, que trata casi únicamente aspectos jurídico-policiales.

Las medidas restrictivas, cuando sean puntualmente necesarias, deben ir acompañadas de un verdadero PLAN DE DESARROLLO para los países de origen de esta emigración, sostenido por todo tipo de recursos desde la UE. De otra forma nos negamos a esta Europa de los Ricos, a esta Europa Fortaleza que reprime la libre circulación de personas en un contexto de libre circulación de capitales; a esta Europa Hipócrita que intenta controlar los flujos migratorios y, al mismo tiempo, se vale de ellos para controlar los salarios y al debilitado movimiento obrero.

Una europa superburocratizada y antidemocrática

El núcleo de la CE es una insólita combinación de ciertas variantes de políticas tanto de la derecha como de la socialdemocracia, en lo que muchos han calificado como “lo peor de ambos lados”. Por un lado la UE da soporte a una mastodóntica burocracia que persigue regular todo producto y extender su control legislativo en crecientes áreas de la sociedad. Y al mismo tiempo promueve los intereses de las transnacionales y entidades financieras europeas, fomentando de esta forma políticas ultraliberales tanto desde el punto estrictamente económico como político.

Sobre estas bases se apoya un texto cuyo carácter claramente antidemocrático se puede resumir en los siguientes puntos:

• Que la llamada "constitución europea" no es en realidad una Constitución, ya que el texto que se va a someter a ratificación no nace de un auténtico proceso constituyente. El borrador del proyecto fue elaborado por la Convención Europea (un “comité de notables” presidido por el ex-presidente francés Valery Giscard d´Estaing) en la peor de las tradiciones liberales más oscurantistas y decimonónicas. Es decir, no es que no haya participado la sociedad civil o la ciudadanía europea en su elaboración, es que ni tan siquiera los parlamentos de los países miembros han tenido la oportunidad de conocer el texto previamente y pronunciarse al respecto.
• La estructura de poder diseñada para la Unión Europea viene a ser un ataque mortal a los principios de soberanía popular y democracia. No altera en lo esencial el modelo institucional que hasta ahora regía la Unión. El Parlamento, único órgano democrático de la UE, seguirá teniendo un carácter “consultivo” en la práctica, a pesar de que teóricamente comparte sus funciones legislativas con el Consejo (de Ministros), el cual actuará como una especie de tutor institucional del Parlamento. En realidad, las mayores capacidades serán función de la Comisión (también con funciones ejecutivas), ya que los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta suya. Y en determinadas cuestiones (por ej., política exterior y de defensa) será el Consejo Europeo el órgano decisorio. Después de analizar los contenidos de la CE lo más coherente hubiera sido la desaparición de una institución como el Parlamento Europeo, una verdadera rémora para el “buen funcionamiento tecnocrático” de la unión, que sólo tiene sentido como fuente de ingresos para los partidos políticos europeos. Es decir, estamos hablando de una UE en donde la teórica y formal “división de poderes” se desvanece totalmente en un entramado de poderes alambicado y complejo.
• Si la democracia representativa prácticamente desaparece, es curiosa por su cinismo la mención en el texto del tratado a la vía de la democracia participativa, que para los tecnócratas europeos significa que “las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.” No se trata de un concepto limitado, es que ni siquiera existe dicho concepto realmente. Y así mismo los procedimientos de democracia directa no existen (referéndum) o establecen una serie de impedimentos y restricciones (iniciativa legislativa popular) que hacen inviable cualquier propuesta seria en este sentido.
• La primacía de los derechos de la UE sobre los derechos de los estados miembros implica poner en tela de juicio los principios de la soberanía nacional. Algo defendible si no fuera porque lo que lo sustituye es algo peor: un órgano supraestatal elegido de forma indirecta o por simple cooptación decidirá por encima de los estados nacionales. Lo que, por ejemplo, puede obligar en el caso español a la modificación de la carta magna. Y por supuesto ni se menciona el derecho democrático de autodeterminación de los pueblos, siendo un compromiso fundamental de la UE la “integridad territorial de los Estados”.
• El texto constitucional es prácticamente irreformable porque un solo país tendrá derecho a vetar la decisión de los otros veinticuatro. Estamos hablando de un sistema que para determinadas cuestiones, las que interesa que sea así, no busca mayorías cualificadas sino minorías de bloqueo.

Una constitución muy poco verde

Una política medioambiental seria precisa de dos elementos fundamentales:

1. Inclusión en el precio de los productos del coste medioambiental que ha supuesto su elaboración, para penalizar el consumo de productos ecológicamente caros y para destinar esos nuevos ingresos a la protección medioambiental.
2. Atribución de peso jurídico vinculante a los artículos constitucionales que hacen referencia al Derecho medioambiental.

Frente a esta política seria la Constitución Europea nos ofrece: 1) una potenciación desmesurada de la competitividad económica que impide toda consideración de los costes medioambientales; y 2) una serie de etéreos artículos cargados de buenas intenciones, pero sin carácter vinculante. Además de ello, el tratado constitucional no recoge las demandas sociales relativas a la identificación y control de los Organismos Manipulados Genéticamente (OMG), el reconocimiento de los derechos de los animales y la progresiva sustitución de la energía nuclear por energías limpias y renovables.

La Constitución Europea y sus implicaciones para Cantabria

Tras todo lo expuesto anteriormente podemos deducir una serie de consecuencias que la aprobación de la CE tendría para la ciudadanía de Cantabria. Entre ellas destaca la negación de la personalidad jurídica de los pueblos que componen la Unión que aleja el proyecto constituyente de la ciudadanía europea. Serán exclusivamente los estados los que decidirán cómo han de estar representadas sus “regiones” en los órganos comunitarios, lo que en nuestro caso significa que las instituciones cántabras quedarán relegadas al Comité de las Regiones (un órgano consultivo sin poder efectivo) y tendrán una representación insignificante que además deberán negociar con el Gobierno del Estado de cara a su presencia directa en los Consejos de Ministros de la UE.

Con el ingreso en la entonces CEE de los Estados Español, Griego y Portugués en 1986, se produjo un incremento de la heterogeneidad de los niveles de renta de los estados socios de la Unión. Este mismo fenómeno se ha producido el 1 de mayo de 2004 con la ampliación de la UE a 25 estados, con la diferencia de que los nuevos países de Europa del Este apenas llegan al 30% de la renta media comunitaria. Para Cantabria, nuestra exclusión del Objetivo 1 durante el Gobierno del PP en 1999, supuso dejar de recibir los fondos económicos que procedían del Fondo Social Europeo (FSE), del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). Tras la reciente ampliación, estos fondos irán destinados a financiar la convergencia europea de los 10 nuevos miembros de la UE. A esto se añade que la tendencia que marcan las políticas comunitarias es la paulatina reducción de la cuantía de estas ayudas. Los criterios que definen los Fondos Estructurales no incluyen la baja densidad demográfica, las reconversiones industriales, el envejecimiento de la población, la orografía montañosa ni la insularidad. De esta forma, Cantabria, que quedó catalogada como Objetivo 2 para el periodo 2000-2006 (equiparando virtualmente nuestro sistema productivo al de Euskadi, Catalunya y Madrid), puede perder las transferencias europeas de capital con las que se financió el crecimiento económico de los años pasados y de las que dependió el remiendo de los agujeros que produjo nuestra entrada en la UE en los sectores primario y secundario. De hecho solo el sector terciario crea empleo en Cantabria, pero un empleo inestable, temporal y precario, sujeto a la estacionalidad del sector turístico.

Por otro lado, en la actualidad tenemos planteados aquí dos graves problemas que son muestra de la falta de políticas de la CE en materia medioambiental: la incineradora de residuos de Mataporquera y las plantas de ciclo combinado que se pretenden instalar en Cantabria. Ambos proyectos, junto con la ausencia de una política forestal que gestione de forma eficaz y realista el medio y controle la especulación, escenifican que las distintas instituciones comunitarias, según la redacción constitucional, serán incapaces de actuar al respecto. Ya que la UE va a disponer únicamente de competencias consultivas, dejando la solución final en manos del Ministerio de Medio Ambiente o del Tribunal de Justicia de la Unión. Pero eso no es todo, ya que junto a ello nos encontramos con una reforma superficial del Tratado EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Atómica) que supone la inhibición de la UE en esta materia, dejando igualmente en manos del Gobierno español el cierre definitivo de la Central Nuclear de Garoña (Burgos), una instalación que desde hace años amenaza la seguridad de toda la zona norte de la Península Ibérica.

Por todo lo dicho queda claro que nos jugamos nuestro futuro. ¡La Constitución Europea es un tratado para legitimar los intereses del gran capital contrarios a los de la mayoría de los pueblos de Europa y del mundo! Nuestra crítica a la CE nace de la creencia de que puede existir OTRA EUROPA en la que las ciudadanas y ciudadanos que residimos y trabajamos en el continente europeo podamos vivir con dignidad y sin discriminación alguna; según los principios de la cooperación y la solidaridad, viviendo en paz, con justicia, protegiendo el medio ambiente, potenciando la diversidad y conformando una democracia real de mujeres y hombres libres.

Aprobado asamblea 1-12-2004

COLECTIVOS FIRMANTES

LEMA: NO A LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA

Por una Europa Democrática, de los Derechos Sociales y de los Pueblos