Una decena de personas presas inicia una huelga de hambre para exigir la excarcelación de la población mayor y con enfermedades graves

El pasado viernes empezó la protesta a diferentes centros penitenciarios del Estado español, que se extenderá durante los próximos quince días. La acción pretende visibilizar el endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles a raíz de la emergencia del Covid-19, la desatención sanitaria y la tabla reivindicativa de catorce puntos, que desde hace cuatro años defiende el colectivo de presos en lucha.

Desde que comenzó el estado de alarma por el coronavirus el pasado 13 de marzo, han muerto dieciocho personas en las cárceles del Estado, más otras seis en las prisiones catalanas. aunque, según fuentes oficiales, dos de ellas por Covid-19 –una mujer de 78 años y un hombre de 61 con una enfermedad grave previa–, las principales causas de muerte en prisión siguen siendo la sobredosis y el suicidio. El recorte de comunicaciones con los familiares, vis a vis y por locutorios, no ha hecho más que tensar la situación que se vive en los centros de reclusión las últimas semanas, con varios intentos de motín en algunos módulos y las consecuentes represalias para las personas internas que han intentado iniciar cualquier clase de protesta o crítica a los centros: aislamiento o traslado de prisión, según denuncia la misma población reclusa, las familias y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de buscar alternativas a la privación de libertad a sus Estados miembros durante el estado de emergencia, la única medida que de momento ha aplicado el Ministerio del Interior español ha sido facilitar que 2.100 presos –de una población penitenciaria de 58.000–, que ya estaban en régimen de semilibertad antes del estado de alarma, pudieran cumplir las condenas en casa. Por el momento, aparte de las dos muertes por coronavirus, ya son más de 500 las personas presas en cuarentena en las cárceles del Estado, aisladas y sin salir a hacer actividad fuera del módulo, por presentar síntomas o haber estado en contacto con alguien contagiado. Para intentar visibilizar la desatención sanitaria en las cárceles –que tan sólo cuentan con 240 médicos y seis psiquiatras– y pedir que se excarcerle inmediatamente a las personas presas con edad avanzada y con enfermedades graves, el pasado viernes 1 de mayo, una decena de internos comenzó una huelga de hambre quincenal en diferentes penales del Estado. Los participantes en la acción de protesta son las mismas personas presas en lucha activa, que desde hace cuatro años están realizando diferentes acciones de protesta dentro de los muros para visibilizar una tabla reivindicativa con catorce puntos que, según ellos, atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Aunque la última acción de protesta, una huelga de hambre rotativa que se extendió durante cerca de seis meses y en el que participaron –en turnos de diez días de ayuno– diecinueve internos en diferentes penales, terminó a mediados de marzo, uno de los participantes enviaba por carta hace unas semanas una nueva propuesta de acción para este primero de mayo.

Según Toni Chavero –privado de libertad en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera y uno de los impulsores de la propuesta de lucha–, esta vez la acción de huelga de hambre tiene como objetivo visibilizar la vulneración de los artículos 208 del Reglamento penitenciario (RP) y 4, 36 y 39 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que hacen referencia a los derechos sanitarios de las personas presas: “a ser tratados como cualquier otro ciudadano en libertad, en lugar de estar aisladas a una celda o un módulo que no cuenta con los recursos sanitarios o de dignidad mínimos “, así como visibilizar y denunciar que  todos los presos que están mostrando desacuerdo por la desatención sanitaria que estamos sufriendo en las cárceles “estamos siendo castigados, reprimidos y aislados .”

José Ángel Martins Mendoza, privado de libertad en el módulo de aislamiento de la prisión de Villena, también se sumaba a la propuesta de huelga de hambre y añadía una reflexión: “¿Es necesario que después de pagar veinte o treinta años, las personas presas hayamos de morirnos por una mala praxis y su falta de escrúpulos? Con la huelga de hambre queremos exigir que sueltan a nuestros compañeros enfermos o con patologías previas, así como exigir que se cumplan los catorce puntos nuestra tabla reivindicativa”.

Actualmente, hay una veintena de presos repartidos por todo el Estado que se declaran en lucha activa y participan en la propuesta, muchos clasificados en primer grado y desde departamentos de aislamiento. El retraso del correo postal –que está tardando entre dos y tres semanas en llegar dentro de los centros– está dificultando la coordinación entre las personas presas y los grupos de apoyo para el desarrollo de la protesta. Algunas de las personas de la lista no se han podido pronunciar sobre su participación y, por tanto, ahora mismo resulta difícil saber cuántas personas están haciendo huelga exactamente, aparte de los ocho internos que han confirmado por carta su participación.