Los delitos de odio como arma de doble filo

LOS DELITOS DE ODIO COMO ARMA DE DOBLE FILO

Cabeza de la manifestación antifascista del 28 de septiembre de 2024 en repulsa del festival fascista neonazi «Galerna Fest»

El pasado Septiembre de 2024 Santander vivió una de las movilizaciones antifascistas más fuertes en las últimas décadas, motor de unión de más de 500 personas de procedencias muy diversas en torno al rechazo de un festival de carácter neonazi y fascista que, como ya narramos en su día en una crónica de la movilización, acabó siendo asfixiado por grupos antifascistas. Aunque dicho acto no fue frenado del todo ni se impidió, pues se celebró a puertas cerradas, este falso relato de victoria en relación a su cancelación protagonizó titulares y comentarios en redes que pecaron de inmediatez optimista aquel sábado 28 de Septiembre.

No obstante, el pulso que los grupos antifascistas de Cantabria le echaron a la militancia fascista local, en su intento fallido de crecer cualitativamente en la organización pública de sus eventos, mediante traer a grupos musicales de militantes neonazis y fascistas de toda Europa, fue gracias a un trabajo previo de semanas y no a un momento puntual de cientos de antifascistas en las calles.

En esta diversidad de tácticas llevadas a cabo, hubo un discurso y una práctica que suele ser apoyada por amplios sectores de los movimientos sociales y que es hacia donde queremos ejercer nuestras críticas, no desde una superioridad moral ideológica, sino desde un análisis de su utilidad y de su pertinencia. Hablamos de los intentos de llevar a cabo demandas a representantes políticos de partidos como el PSOE o apelaciones al ayuntamiento de Santander para cancelar un evento. Evento que, sin tener previa constancia de donde iba a llevarse a cabo, era harto probable que fuera a producirse en un espacio privado contratado.

Representantes políticos cumplieron su papel. Mientras el ayuntamiento de Santander, a través de sus voceros, declaraba lo esperable y evidente, que no podía hacer nada para evitarlo, otros políticos del Psoe hicieron su trabajo mediático de repulsa hacia dicho acto en Santander. Es innegable que la cobertura mediática hizo que muchas más personas se enteraran y se unieran a esta movilización. Una manifestación que no reunió únicamente a los perfiles más habituales en las respuestas que cada año se dan a las expresiones públicas fascistas locales. Hablando claro, mucha más gente se enteró del tema porque salió en los periódicos generalistas e incluso en canales de TV como La Sexta, así como determinadas figuras políticas le dieron cobertura.

En 2023 un grupo de antifascistas sorprende la cabeza de manifestación de carácter fascista y neonazi en la ciudad de Santander. La pancarta dice « Contra el fascismo, apoyo mutuo y acción directa»

Sin embargo hay determinados inconvenientes en sostener la denuncia de eventos fascistas basando las fuerzas y las esperanzas en la actuación institucional para parar y frenar eventos de este tipo. Uno de estos se basa en convertir el esfuerzo colectivo militante de muchos grupos y personas en fuerza de trabajo gratuita para que partidos políticos se echen la foto a costa de ello y conviertan un asunto político en una supuesta amenaza de «inseguridad ciudadana». En el caso en que esta táctica elegida sirva para algo en alguna ocasión, el resultado último suele conllevar un rédito electoral y partidista. Como tantas otras veces, más allá de ampliar la difusión, no se consiguió nada desde este método, porque no es posible cancelar un acto de tal carácter en un local privado. Habría que preguntarse si la tendencia de los movimientos sociales a acudir a partidos de izquierda para que resuelvan sus problemas mediante la cancelación, contribuye o no a que cada vez más jóvenes identifiquen lo rebelde con lo reaccionario, conservador y de derechas. Lo verdaderamente efectivo fue que las antifascistas se organizaran para adelantarse a conocer donde se pretendía organizar el acto inicialmente y de esa manera meter presión al respecto con sus propios medios para evitarlo.

Sin embargo, aquí lanzamos la pregunta. ¿Os imaginais que fuera posible y efectivo cancelar eventos privados a través de acudir a ayuntamientos y delegaciones de gobierno? ¿No hemos pensado que pidiendo la cancelación de actos desde las instituciones podemos echar piedras contra nuestro propio tejado a la hora de organizar eventos autogestionados, autónomos y anticapitalistas desde los movimientos sociales?

La música como espacio de socialización y politización es una herramienta muy importante para los movimientos contestatarios y para todos los grupos que aspiran a la transformación social. La persecución y censura a artistas y grupos musicales es una cuestión ampliamente conocida en el estado español en las últimas décadas. Dentro del amalgama musical existe un amplitud y diversidad enorme en el estado español que permite a bandas de música moverse desde las escenas más undergrounds, subterráneas, autogestionadas y anticapitalistas en salas pequeñas, okupas y centros sociales, hasta los circuitos comerciales y las salas más amplias de las ciudades.

¿Qué hicieron los fascistas locales unos meses después de que su evento fuera combatido? Lo que llevan haciendo cada año, en ese sentido nada nuevo, pero merece la pena mencionarlo.

El pasado 10 de diciembre el Diario Alerta, como ya es habitual, volvió a dar voz al grupúsculo fascista, con vínculos con el movimiento supremacista blanco europeo, Alfonso I. Este periódico hacía noticia de una denuncia presentada por este grupúsculo ante el ayuntamiento de Santander y el grupo municipal socialista (PSOE), denunciando los conciertos de Soziedad Alkoholika y Non Servium en la capital cántabra. En este ejercicio lamentable de pataleta que les caracteriza, ¿alguien se imagina cómo podría contribuir la lucha por la cancelación de actos que «incitan al odio» en el propio ámbito cultural autónomo y autogestionado?. ¿Alguien ha pensado cómo podría afectar este hecho a  grupos musicales anticapitalistas con letras que muestran la rabia y el descontento? Aunque dichos grupos no sean los mejores ejemplos para representar esta escena pues se dedican ya al mundo de la música profesionalizada y comercial a gran escala, sí son referencias culturales para unas cuantas  generaciones de antifascistas y personas de entornos anticapitalistas. ¿Os imaginais que luchando por pedir a la administración que cancele actos nazis en salas privadas, contribuyéramos a que se judicialice los actos culturales que organizamos reforzando esa ambigua idea de que los extremos se tocan y los delitos de odio son extensibles a las personas que luchan contra el fascismo y contra aquellos grupos que lo defienden de manera más explícita? Hablemos sobre ello.

Carteles fascistas arrancados en Santander 2024. Tarea permanente de la auto-organización de grupos antifascistas.

Días antes del 28 de Septiembre, no fue ningún grupo anarquista sino el periodista Miquel Ramos quien hablaba para el medio Elfaradio sobre el peligro de los delitos de odio y como estos se han convertido en un arma de doble filo. La legislación de delitos de odio es un ejemplo de cómo recurrir a medidas punitivas para luchar contra actos de carácter fascista puede volverse en contra de las propias personas activistas y militantes antifascistas. Desde que el 13 de Noviembre de 1992 un guardia civil neonazi matara a tiros en Madrid a Lucrecia Pérez, siendo tipificado como el primer crimen de odio en el estado español, muchos delitos de odio de distinta envergadura se han producido. Sin embargo, la deriva de este tipo de delitos se está aplicando a muchas personas que tienen conflictos con la policía, con políticos o con militantes de extrema derecha, vease nazis, fascistas etc

¡ABEL LIBERTAD!

Uno de los ejemplos más claros es el de Abel, compañero anarquista que el pasado 30 de mayo de 2024, tal y como cuenta su grupo de apoyo, entró a prisión tras permanecer a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo sobre el recurso a una condena de 3 años y 9 meses de prisión por un delito de lesiones con agravante de odio. El origen de su caso se remonta a 2018, cuando después de una manifestación antifascista contra JUSAPOL, un nazi que llevaba la camiseta de Arjuna, un grupo de música RAC (Rock Against Comunism), cayó por las escaleras del metro de Urquinaona. Desde entonces Abel se enfrentaba a una fuerte pena de prisión y a pagar una indemnización de más de 10.000 euros.

Durante todo este proceso, que ha durado más de 5 años, su Grupo de Apoyo ha venido señalando a los culpables de la sentencia firme. Por un lado, a la asociación de extrema derecha de Policía Nacional y Guardia Civil llamada JUSAPOL, convocantes del acto que en octubre de 2018 pretendía premiar a los cuerpos y fuerzas de seguridad por haber ejercido la represión el 1 de Octubre en Catalunya. Por otro lado, a los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía y a la jueza, encargados de orquestar esta causa, utilizando con la máxima contundencia todas las herramientas que tenían a su alcance. Destacan, entre las utilizadas, la persecución política contra el compañero por el hecho de ser identificado en los ficheros policiales como anarquista, motivo por el cual se justifica según el aparato judicial el delito de odio contra la agresión a un fascista. Por último, a la empresa Prosegur (la empresa de seguridad privada del metro), pues tuvo un papel importante en magnificar el relato que llevó a la condena de Abel.

Hemos querido acabar este artículo para intentar incitar a la reflexión y la crítica sobre determinados caminos punitivos que desde los movimientos sociales se suelen tomar y que pueden jugar en contra de las mismas personas que intentan frenar a los grupos fascistas y luchar contra la creciente fascistización de la sociedad. También lo hemos aprovechado para mostrar un caso tan importante como otros, pero no tan conocido como es el de Abel, y de contribuir a la difusión de la campaña por su libertad. Esperamos que ambos objetivos se hayan cumplido.

Artículo publicado en el Boletín Briega en papel nº 61 enero 2025.