Racismo estructural construyendo Europa. Centros de internamiento de extranjeros
Nuestro Estado se construye sobre una estructura racista que criminaliza la migración, criminaliza a los otros. Observamos cómo los discursos de odio se extienden en todos los ámbitos y justifican las violencias diarias a las que se ven sometidas las personas migrantes: redadas racistas, privación de libertad, falta de acceso a derechos fundamentales.
Los centros de internamiento de extranjeros son otro elemento clave de estas políticas racistas, basadas en un pasado colonial que establece una jerarquía en la vida de las personas: nosotrxs y los otrxs. Los CIEs han sido inventados para expulsar a las personas que atraviesan nuestras fronteras de manera no legal o que se encuentran dentro del territorio en situación irregular. Para estas circunstancias, se prevé una privación de libertad de sesenta días como máximo.
En su definición normativa, el internamiento es una medida extraordinaria y los CIEs son centros de carácter no penitenciario, pero en la realidad son espacios donde las personas migrantes son privadas de libertad sin haber cometido ningún delito. Dentro del imaginario colectivo la privación de libertad se relaciona con el régimen carcelario, lo que directamente criminaliza a las personas internadas. De hecho, en diferentes territorios han sido reciclados los establecimientos penitenciarios para convertirlos en CIEs, con una clara intención de mandar un mensaje a la opinión publica.
En estos tiempos en los que nada tenemos que celebrar, nos encontramos a la espera de la próxima apertura del nuevo CIE de Botafuegos en Algeciras, que se proyecta como el mayor centro de internamiento de personas migrantes del Estado, con capacidad para 507 personas. El total de plazas en los CIEs, Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Algeciras viejo es de 1 142 y el nuevo CIE de Algeciras tiene 507, el 43,40% del total de plazas en la península en la actualidad. Se trata de uno de los centros de internamiento más grandes de toda Europa y que, además del aumento de plazas, internará a familias, mujeres e incluso personas con discapacidad.
Un CIE al que se han destinado más de 30 millones de euros y que pretende ser referencia y modelo para otros CIEs, cuando en realidad sabemos que será un nuevo espacio de opacidad donde se vulnerarán impunemente los derechos de las personas internadas. Un CIE que comparte espacio físico con el centro penitenciario de Botafuegos, en las afueras de la ciudad.
En la comarca del Campo de Gibraltar, concretamente en la ciudad de Algeciras, contamos con el único CIE en todo Andalucía, la antigua prisión de La Piñera, que lleva abierto desde 2003 y tenía capacidad en principio para 150 personas internas. Desde su nuevo uso, nunca ha estado completo dado su estado. No cumplía condiciones como centro penitenciario y se destinó a albergar personas migrantes en situación irregular.
El mensaje a la población es claro. En la actualidad tiene una capacidad de 60 personas y la media de internamiento es de 20 personas. Desde 2018 dejaron de internar mujeres.
En 2006 se abre el anexo al CIE en Tarifa, en la Isla de Las Palomas, otra estructura en desuso más cercana a la prisión de Alcatraz que a un espacio para atender a personas rescatadas en el mar. Fue cerrado en plena pandemia.
Y, como si continuásemos en tiempos pasados, Europa pretende seguir manteniendo su fortaleza a través del Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado recientemente que, una vez más, criminaliza a las personas migrantes priorizando el cierre de fronteras, dificultando el acceso de las personas por vías seguras, obligándolas a jugarse la vida.
A través de fondos transferidos a terceros países se financia la vulneración de derechos fuera de nuestras fronteras; como ejemplo los centros de detención de Turquía y Albania, así como la violencia en territorios de tránsito como Marruecos. Así se construye esta Europa cishetero patriarcal, colonialista, racista, fascista y capitalista.
Se proponen políticas donde las personas migrantes sean perseguidas, aumentando las plazas de internamiento para privarlas de libertad al mismo tiempo que se multiplica la persecución vulnerando y violentando fuertemente los derechos humanos.
En este punto «la red jesuita cita la intención de los Países Bajos de desvincularse del Sistema Europeo Común de Asilo, la decisión de Alemania de introducir controles fronterizos y la de Polonia de suspender el derecho a solicitar asilo en las fronteras con Bielorrusia, así como la puesta en marcha en Italia del traslado de personas rescatadas en el mar a un centro de detención fuera de la UE, en Albania».
Los CIEs son violencia, el concepto y la estructura, son subsistemas opacos, herméticos, una nueva frontera. Y, ¿para qué sirven? No cumplen con la función para la que han sido creados, pero cumplen una función simbólica, se trata de un ejercicio de poder, enviando el mensaje de que el Estado tiene poder y decide quién es parte y quién no. Esto va unido a las miles de imágenes que se difunden para que en el imaginario colectivo se normalice y acepte la violencia sobre los otros, continuando con el distanciamiento y reforzando los discursos de odio. La valla de Melilla, Tarajal, llegadas a Canarias, muertes, persecuciones, redadas racistas. Todo ello nos lleva a la deshumanización del discurso de los medios de comunicación.
Al mismo tiempo la realidad de las personas que se encuentran en nuestro territorio en situación irregular se vuelve cada vez más complicada, viéndose obligadas a no transitar diferentes espacios públicos, vivir con miedo constante y convertirse en invisibles, para así no estar en peligro de poder ser detenidas y expulsadas. Ello crea un estigma social y aislamiento de las personas, con graves repercusiones en la salud mental.
Por ello, se exige su cierre definitivo, ya que el único CIE que respeta los derechos humanos es el que está cerrado. Como elemento clave que legitima su existencia es necesario poner encima de la mesa la derogación de la ley de extranjería.
* Ilustra Pedro Delgado