Jornales sin patrón

La rebusca (en femenino en Andalucía). Y el rebusco (en masculino en Extremadura). Una práctica casi en desuso cuya prohibición de facto explica algunas cosas y apuntala determinadas estructuras que hacen de los mundos rurales, especialmente de las zonas latifundistas, lugares en los que la cosecha de la desigualdad sigue dando frutos. Se puedan o no coger.

Alrededor de 200 sindicalistas ocuparon una finca andaluza de 75 hectáreas, gran parte de ellas dedicadas al olivar, y que entonces llevaba más de tres años sin explotar, es decir, sin recogerse las aceitunas. Corría abril de 2017. La llamaron Cerro Libertad y allí trataron de crear, en la tierra, pisando el suelo, con su presencia, una utopía, palpable. El terreno, en manos de un banco, se había convertido en “una finca de especulación, que podría dar más de mil jornales al año y que ahora no está dando productividad ninguna”, explicaron desde el SAT, sindicato que promovió la ocupación.

Centenares de kilos de aceitunas, y de otros frutos como las uvas, se quedan cada año sin coger y acaban podridas. Y no solo porque haya fincas abandonadas, sino porque la práctica histórica del rebusco está prohibida de facto en dos de las regiones en las que más se realizaba: Andalucía y Extremadura. “Era una forma en que las clases subalternas, que no tienen nada, en periodo de paro y sobre todo una vez que terminaba la aceituna o la vendimia, aprovechaban para ir a la finca y cortar la uva que se había dejado porque no interesaba cogerlas o porque son pequeñas”, introduce el extremeño Juan Viera, integrante del Campamento Dignidad.

La tarea es dura. Cuando lo que queda en el campo es aquello que no se ha querido coger, hay que ir una a una prácticamente. Una aceituna. Una uva. Un pequeño montón. Rebuscar, literalmente. Arriba, abajo. A toda velocidad. El clima también participa en la tarea.

“La rebusca era comer todos los días para una familia, porque 30 euros por persona te hacías. Si estás viendo que la aceituna se cae y se queda ahí, ¿cómo no vas a cogerla si te hace falta para comer?”, remarca Silvia Agüero, que practicó esta actividad en la provincia de Jaén hace unos años. Desde los años 2015 y 2016, prácticamente ya no se ejerce en Extremadura. “Es una batalla perdida”, lamenta José Martínez, miembro del sindicato 25 de Marzo. Tras un intento de prohibición, a través del endurecimiento de los requisitos por parte del Gobierno popular de José Antonio Monago, fue el socialista Guillermo Fernández Vara quien finiquitó una costumbre con raigambre en el derecho consuetudinario.

El libro Campesinos sin tierra. Supervivencia y resistencia en Extremadura (1880-1923), del alemán Martin Baumeister, historiador y director del Instituto de Estudios Germánicos en Roma, recoge que a finales del siglo XIX “el rebusco de cereales, aceitunas y bellotas que podían autorizar los municipios tras el final de la cosecha según derechos consuetudinarios locales representaba otra polémica. Para muchos propietarios significaba una espina en los ojos, como una injerencia en sus derechos de propiedad, y se defendían enconadamente de él”.

Curro Moreno, coordinador territorial del SAT en Jaén, acaba de hacer la rebusca de aceituna en Jaén: “Si haces todo lo que te piden, no rebuscas, algo te tienes que saltar. Ahora dicen que el propietario de la finca te tiene que autorizar y dar de alta también; lógicamente ningún empresario o agricultor te va a dar de alta a ti para que tú rebusques si él no se va a llevar ningún beneficio de eso”. Papeles, licencias, coordenadas, fechas y prohibiciones de venta son algunos de los impedimentos que han esbozado el punto y final de una conquista histórica. “Yo conozco a gente que ha estado en prisión y en arresto domiciliario por esto”, cuenta Agüero.

La criminalización de las y los rebusqueros, a quienes se ha acusado de estropear las tierras y de robar, ha sido una de las razones esgrimidas para el endurecimiento de los condicionantes; pero todas las fuentes consultadas remarcan que son casos aislados. También se alegan las leyes europeas sobre trazabilidad de los frutos, algo que para Martínez se podría haber resuelto de manera política. Moreno tiene claro los motivos para dificultar la práctica: “Al capitalismo no le interesa lo que sea poder llevar un jornal a casa sin depender de un patrón”.

“No te manda nadie”, incide José Martínez, que empezó a ir al rebusco con 10 años. Ahora tiene 62, pero hace varios que ya no va: “Te hacen pedir un permiso y, al igual que en los años 40 o los 50, te hacen ir a la casa del señorito: ‘¿Me da usted permiso para ir al rebusco a sus tierras?’. Quieras o no quieras, ya le debes un favor y tienes que ir a rebajarte. Ahora el sentido de la propiedad está más agudizado que nunca”. En la conversación, realizada por teléfono, el extremeño recuerda que además de la estructura de poder y de reparto de la tierra hay una cuestión económica: “El rebusco de la uva coincide con la recogida de la aceituna de verdeo y lo que quieren la patronal y los grandes empresarios agrarios es tener mano de obra disponible y barata”, concluye. Martínez participó en la elaboración de un informe que, en 2018, estimaba que el rebusco podría generar hasta 4,5 millones de euros en la provincia de Badajoz. Es decir, los frutos que cada año se pudren en el suelo pacense pueden tener ese precio.

María Montávez, jornalera y sindicalista de toda la vida, fue una de las ocupantes de Cerro Libertad de Jaén. “Mi salvación fue la ocupación”, recuerda por teléfono. Tras quedarse viuda, pasó por un bache emocional y psicológico del que salió a través del activismo. A partir de su participación en la ocupación comenzó a dar charlas sobre la situación de las jornaleras y de las mujeres en el campo: “Explicaba a la gente que, si la tierra estuviera en manos de quien la trabaja, las mujeres no tendríamos la situación que estamos teniendo ahora porque podríamos trabajar”. El relato de Montávez puede parecer anacrónico, pero de nuevo es palpable: “Las mujeres no tenemos acceso al jornal si no vamos con hombres”. Un reportaje del número 5 de #PikaraEnPapel ya denunciaba, en 2017, que en pueblos de Andalucía había mujeres que llevaban dos años sin echar un jornal para recoger la aceituna, como han hecho toda la vida. “Estos últimos años está siendo brutal, no quieren a mujeres en el campo, no nos quieren”, completa Montávez.

El rebusco siempre fue una alternativa: “Era un complemento a esa miseria que se gana en el campo y para las mujeres era un respiro temporal para subsistir”, añade la sindicalista. En su pueblo, en Jódar, rodeado de olivos y sin industria, “las mujeres ahora se dedican a echar horas en las casas limpiando… o en la empresa de ayuda a domicilio; es la única alternativa”.

El desigual reparto de la tierra

Moreno lo tiene claro: “No es la solución definitiva, pero sí que algo compensa. Ha existido históricamente y existe porque hay mucho latifundio y hay gente que tiene mucho y mucha subvención y no trabaja la tierra con la eficacia de alguien que solo depende de eso. Las fincas pequeñas no se dejan ni una aceituna porque no les sobra, porque su renta depende de eso. Quien se deja aceitunas tiradas son las grandes. Lo justo sería un reparto justo de la tierra”.

La tierra sigue siendo un factor de control y de poder, caracterizado por un fuerte inmovilismo ya que no ha habido apenas cambios estructurales, solo de titularidad. Así lo deja claro un informe del año 2015 de la Fundación Mundubat y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas sobre la estructura de la propiedad de las tierras en España. Extremadura y Andalucía son las comunidades que están caracterizadas por un latifundismo histórico, recoge el estudio. El mismo que había en el paso de los siglos XIX al XX. Martin Baumeister habla de enorme desigualdad socioeconómica y de que “la cuestión de la propiedad es el mayor tabú” y una “cuestión de poder”.

Analizando los datos de Extremadura, nos encontramos con el territorio con mayor presencia de latifundios y con una distribución más injusta de las tierras”, recoge citada la investigación. Solo un dato: 163 grandes fincas (de más de 1000 hectáreas) poseen cuatro veces más tierras que las 28.752 pequeñas fincas. “El siglo XXI verá una estructura de la propiedad de la tierra tan feudal como seis siglos atrás”, recoge también el documento, que matiza que los grandes latifundios no son la estructura general del olivar.

De “uberización del campo” habla desde hace un par de años la organización agraria COAG, que denuncia la entrada de grandes capitales y fondos de inversión en la agricultura. “Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa”, ha alertado Miguel Blanco, secretario general de la organización.

Un año después de la ocupación, Cerro Libertad fue desalojado. El SAT ya denunciaba entonces que entre el 30 y el 40 por ciento de las grandes fincas andaluzas están en manos de bancos. Mientras, el rebusco, la estrategia de supervivencia de las clases humildes, está en proceso de extinción.

imagen: pnitas