Poniéndonos al día con la lucha por la vivienda
Poniéndonos al día con la lucha por la vivienda
Como habréis podido comprobar, el presente que nos toca vivir en torno a la lucha por la vivienda es frenético y se encuentra en una encrucijada. En torno a ella giran acontecimientos como las próximas elecciones nacionales con la extrema derecha saliendo a flote y la socialdemocracia intentando achicar el agua del barco, la nueva ley de vivienda y, en medio de todo ello, los numerosos lanzamientos (desahucios y desalojos) en todo el Estado con los respectivos intentos de pararlos por parte de un movimiento de inquilinas organizado. Haremos un breve repaso de algunos sucesos que se han dado a nivel estatal y local en los últimos meses, para tratar de parar un momento para recuperar el soplo y ver así dónde estamos y hacia dónde podemos ir.
El pasado 26 de mayo entraba en vigor la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda. Entre el alarmismo neoliberal y derechista de la amenaza para la propiedad privada que (supuestamente) representa la ley y las alabanzas acríticas más proclives del PSOE y compañía, tuvimos que fijarnos en qué decían al respecto los sindicatos de inquilinas y oficinas de vivienda. El sindicato Etxebizitza de Bilbao describe mejoras respecto al proyecto de ley de 2022, las trampas que no garantizan su aplicación, así como los aspectos negativos.
Las mejoras se resumen en ciertas limitaciones al negocio inmobiliario, revirtiendo costes a los propietarios en vez de a las personas inquilinas; la prohibición de los desahucios en abierto (sin fecha y hora) y una reducción de 10 a 5 propiedades para definir lo que sería “un gran tenedor”. Sin embargo, apuntan que no se contempla ninguna medida para se hagan efectivas, ni ninguna penalización para aquellos propietarios que se lo salten.
Por otro lado, la ley se limita a “controlar” la subida de alquileres1*, cuestión que, dado el notable descenso del poder adquisitivo de la clase trabajadora, no solucionará el problema de la falta de acceso a la vivienda a precios asequibles. Como bien apuntan, la inaccesibilidad a la vivienda no se debe a la falta de ella sino a la distribución desigual y la existencia de un importante número de viviendas vacías, por lo que invertir en la construcción de nuevas casas solo contribuye a aumentar la tasa de ganancias de los inversores en este negocio. Un negocio que, como sabemos, se basa en la especulación, que a su vez es nutrida por el sector turístico, un sector intocable en la ley de vivienda. La ley señala zonas “tensionadas” como aquellas zonas dónde el mercado de la vivienda está descontrolado por la especulación, pero no teje el vínculo y la relación con los intereses turísticos. A su vez, las personas en situación irregular, que son una parte importante de las protagonistas de la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, quedan relegadas a los márgenes también con en el marco de esta ley.
Antes de la puesta en vigor de tan esperado “artefacto legal”, la ofensiva contra la okupación, que lleva años llenando titulares de prensa, tomaba un paso cualitativo hacia delante, esta vez en Barcelona, en el barrio de la Bonanova, con el acoso a los espacios okupados anarquistas de La Ruina y El Kubo. Partidos como Ciudadanos y Vox, la empresa de desokupación más conocida, Desokupa y variados medios de comunicación arremetían contra estos proyectos ubicados en una de las zonas burguesas de la ciudad. Al mismo tiempo que el bombardeo mediático les ponía en el punto de mira en periodo preelectoral autonómico, estos centros sociales recibían ataques incendiarios, amenazas y lanzamientos de objetos con total impunidad. Este salto cualitativo nos lleva a entender lo que está en juego y lo que está cambiando en los últimos años en materia de okupación a través de su criminalización. Como apunta el manifiesto -Acción por la okupación-
“Desde 2018, estamos viviendo un ciclo de endurecimiento de la legislación en contra de la okupación. Primero fue la ley 5/2018 junio de 2018, que reformaba la ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), seguida de la instrucción 1/2020 del 15 de septiembre –emitida por la Fiscalía del Estado–. Y ahora es la propuesta de enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), presentada por el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, el pasado 21 de octubre.
La nueva propuesta de ley ofrece a los jueces la posibilidad de desalojar cautelarmente a las personas que estén okupando un inmueble sólo 48 horas después de que el propietario haya puesto la denuncia. Esto, sumado a todas las otras herramientas legales que ya existen para acelerar los procesos de desalojo, hará que, a partir de ahora, sea muchísimo más difícil okupar. Nos encontramos frente a un ataque directo a todos los tipos de okupaciones, tanto las que albergan proyectos autogestionados, como las que suplen necesidades habitacionales.”
Si a ello le sumamos el empuje callejero de grupos de extrema derecha con un papel paramilitar de aleccionamiento de las clases populares, la cuestión se hace complicada.
No obstante, a la dignidad de los centros sociales okupados que resisten en tiempos de desalojos constantes, se le suma un movimiento de inquilinas organizado que supone una de las cuestiones más esperanzadoras del presente, porque rebasa el límite entre militantes politizados y personas afectadas.
El fin de semana del 3 y 4 de junio, Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas se reunieron en Madrid en el marco de unas jornadas de trabajo “para compartir y desarrollar estrategias sindicales contra los abusos de la patronal inmobiliaria”. Participaron unas sesenta personas procedentes de sindicatos de Catalunya, Madrid, Andalucía, Euskal Herria y Aragón. Si sumamos a estos proyectos la permanencia de organizaciones como La PAH y Stop desahucios a lo largo de los años y la adopción de prácticas como el abrir bloques para alojar familias y generar alternativas habitacionales autogestionadas, además de presionar a bancos y fondos para negociar alquileres a bajo precio, el presente no se hace tan desalentador. Son estas estructuras las que posibilitan que todos estos días haya personas poniendo sus cuerpos para evitar desahucios en distintos barrios de todo el estado. Lo hemos visto en Mataró con dos personas detenidas el 20 de junio, en Fuenlabrada con la lamentable ejecución del desahucio de Sonia el mismo día, o el desahucio parado de Victoria en Villalba. Así, podríamos llenar hojas y hojas con casos concretos entre mayo y junio. Pero no a todas se llega, como el desalojo con aderezo mediático racista de 300 personas en Alcobendas. Lo que pensamos acertado y obviamente no es motivo de tertulia mediática, es que no hay resultados electorales, ni ley de vivienda, ni socialdemocracia que pueda parar el drama de inaccesibilidad a la vivienda con una crisis del capital tan profunda como la que estamos viviendo.
El Movimiento por la Vivienda de Madrid boicotea la lona de Desokupa
¿Y en Cantabria qué? Un pequeño repaso local
El 17 de mayo, bajo la propuesta de las asambleas feministas de Cantabria, varios colectivos se reunieron en una concentración recordando a las dos hermanas encontradas muertas en su casa en la calle Burgos de Santander previamente al desahucio que se les venía encima hace poco más de un año. En esta misma concentración se calentaban motores para intentar para la orden de desahucio programado para el día siguiente de un activista con larga experiencia en el colectivo Stop Desahucios. De hecho, días antes hubo una concentración frente a la sede de la dirección general de vivienda convocada por La Red Antidesahucios, la PAH y la plataforma Stop Desahucios para ejercer presión sobre el tema.
Era 18 de mayo y un grupo importante de personas madrugaron más de lo común para contrarrestar la nueva estrategia policial evidenciada en algunos de los desahucios más recientes, que consiste en adelantar la hora de llegada y acordonar los portales o accesos a la vivienda. El desahucio consiguió frenarse en principio por la huelga de juzgados. Sin embargo, esto no impidió el revuelo anterior que se produjo cuando la policía llegó y sacó a empujones a la gente del portal, así como intentó entrar en la propiedad sin orden judicial "Abrid la puerta que, si no, va a haber hostias(sic)”.
En el Diario Montañés se decía que todo fue un malentendido porque la policía respondió a una llamada vecinal avisando de un intento de ocupación. Según palabras del propio afectado, “Al parecer, su intervención fue producto de una supuesta llamada de un vecino por una usurpación flagrante (ocupación). Se supone que el juzgado había pedido auxilio policial por el lanzamiento y además se había comunicado la concentración a las ocho de la mañana por las redes y los medios de comunicación. Es decir, si la policía no estaba informada del asunto es por absoluta negligencia.” Así que, en cualquiera de los casos, la propia legalidad que se dice defender no se aplicó a la medida, cuestión que a quienes llevan militando en movimientos sociales y luchando en el movimiento okupa durante años, es más difícil que les suene como una excepción que como una práctica habitual. En todo caso, el desahucio se llegó a parar y la policía se marchó amenazando a varios compañeros con cuantiosas multas si se subía a las redes lo que se había grabado.
Parecería que después de ese día podría haber habido una tregua, pero lo cierto es que no. En la localidad de Puente Viesgo, un nuevo intento de desahucio se anunciaba desde los colectivos antidesahucios con el fin de intentar pararlo y que Santi pudiera permanecer en su casa. Finalmente, el 24 de mayo se logró aplazar el lanzamiento al 15 de junio, pero nada impidió el ya habitual vallado de la guardia civil en las inmediaciones de la casa y el gran dispositivo intimidatorio hacia las personas solidarias.
Poco menos de un mes más tarde, el grupo de apoyo “Juntas lo paramos todo” difundía un nuevo comunicado, avisando a amigues, compañeres y resto de la población de las peticiones de cárcel con las que dos compañeros tendrán que enfrentar un juicio futuro aún sin fecha. Dos años de prisión a cada uno por parte de la Guardia Civil y un año y ocho meses por parte de la Fiscalía. El comunicado vuelve a recordar el hecho por el que nace este grupo de apoyo (el intento fallido de desahucio de verano de 2020 a Lilian y su familia en la calle Miguel Hernández de Astillero). También, intentan dejar claro las razones importantes a difundir, sin reducir su campaña a la defensa jurídica de las acusaciones sobre los compañeros. Algunas de estas son los desahucios, la gentrificación, la turistificación, el negocio de la vivienda y la distracción con la okupación de la violencia ejercida por bancos y fondos de inversión, etc. Este grupo de apoyo sigue con su campaña “Ni desahucios ni represión” y podéis informaros más sobre el caso y sus futuras convocatorias en sus propias redes y en las calles.
En definitiva, aunque en Cantabria de momento no existen sindicatos de inquilinas, sí que hay colectivos de vivienda con larga trayectoria y pequeños grupos activistas que han puesto el foco en la lucha por la vivienda con un trabajo constante orientado desde distintas perspectivas. Merece la pena darles calor y difusión para ir cultivando una posible comunidad de lucha que sea capaz de ir más allá en sus prácticas y objetivos hasta que la vivienda deje de ser una mercancía y la propiedad un robo.
1*El Gobierno elimina la congelación de los alquileres: sindicatos avisan de una posible avalancha de desahuciosDesde los sindicatos de inquilinas prevén una avalancha de desahucios invisibles y una subida generalizada de los alquileres.
Artículo publicado en el Boletín Briega en papel nº45 Julio 2023