La represión económica como método de gobierno. Solidaridad con Fraguas
La represión económica como método de gobierno; Solidaridad con Fraguas
En 2013 nace el proyecto de Fraguas Revive en un pueblo de Guadalajara abandonado desde 1968, expropiado (forzosa y fraudulentamente) por el franquismo y destruido con prácticas militares. El proyecto trata de reconstruir el pueblo de Fraguas en torno a valores como la autosuficiencia, la ecología, la recuperación del patrimonio y la vida en comunidad. Tras 10 años de dura batalla judicial y 3 juicios, les habitantes de Fraguas deciden poner punto y final a vivir en este bello lugar que han cuidado y mejorado durante tanto tiempo. Para quienes no conozcáis el caso, podéis buscar información al respecto, entrar en el crowfunding que han abierto, informaros y, en consecuencia, apoyarles ;https://www.goteo.org/project/fraguas-libertad
En este escrito, nos centraremos en el macabro hecho que supone obligar a les 6 compañeres de Fraguas a pagar los gastos de la demolición del propio pueblo que han contribuido a recuperar y del cuál son expulsades. Se enfrentan a una pena económica tan dura como supone los 110.000 euros de responsabilidad civil, que no prescribe, y que de no pagarse implica la pena de cárcel de 2 años y 3 meses. En el caso de no pagarse e ir a la cárcel, después de cumplir la condena, quedaría pendiente la deuda de por vida.
Desde su entrada en vigor en julio de 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy, la ley de seguridad ciudadana, también conocida por “Ley mordaza” comenzó una nueva etapa de persecución económica. En Cantabria, dos compañeros estuvieron ese año dando charlas por distintos centros sociales para advertir a los colectivos de lo que se venía encima. Hoy podemos decir que las consecuencias son claras. La Ley mordaza vino a sustituir la entonces para nada laxa ley Corcuera en forma de «instrumento creado para acallar las protestas y el ciclo de movilizaciones abierto en los años 2010 y 2011 con la convocatoria de tres huelgas generales, el movimiento de vivienda y el estallido del movimiento 15-M..»
Esta ley se caracteriza por ser una ley administrativa que permite sancionar económicamente a las personas que se movilizan y se organizan en movimientos sociales. Como se refleja en el periódico todoporhacer «se trata de la sanción económica como castigo, ya que ésta se puede aplicar de manera masiva (no hace falta detener violentamente a todas las asistentes a una manifestación, sino que basta con pedirles el DNI y mandarles una multa unas semanas después), de manera rápida (en unos meses se resuelve el procedimiento sancionador) y con menos garantías para las represaliadas que un procedimiento penal (la imposición de una multa no requiere la celebración de un juicio, ni otorga presunción de inocencia a la denunciada, sino que la policía cuenta con presunción de veracidad).» Como sabemos, esta ley sigue teniendo una aplicación activa en la actualidad sobre los movimientos, que, como el de vivienda, acumulan miles de euros de deuda en multas.
En los últimos años las técnicas represivas para acallar las protestas sociales se orientan especialmente en la extracción de capital en dicho proceso. Una especie de acumulación por desposesión adaptado al contexto represivo que obtiene beneficios del endeudamiento de todas las personas que cuestionan de una manera u otra el orden social, condicionando sus vidas a largo plazo y dando un toque de atención a quienes tienen cierta inquietud y descontento, sobre los caminos que no se han de pisar. Se trata de la deuda y la industria sancionadora como método de gobierno.
De la burorrepresión a la represión económica
La burorrepresión o represión de baja intensidad es una forma de represión basada en las sanciones administrativas indiscriminadas a personas por ejercer sus derechos fundamentales. Sin embargo, «la represión económica conlleva unas consecuencias prácticas que casi nunca derivan de la aplicación formal de una sanción sino que resultan de elementos tradicionalmente accesorios al juicio penal, que sigue siendo su único factor desencadenante» En otras palabras, no es lo mismo que te metan una multa por haber participado en una movilización, que te obliguen a pagar una cantidad desorbitada como complemento de un proceso penal.
En “Desactivar el estado de excepción permanente” Carlo Gatti analiza la represión al movimiento NO TAV y el NO MUOS en el contexto italiano “La represión económica de los movimientos sociales italianos:Un paradigma de las estrategias represivas en los tiempos de austeridad”. Sin pretender hacer paralelismos exactos entre el contexto italiano y el español, ni entre estos movimientos y la represión económica a les compañeres de Fraguas, sí nos parece interesante encontrar algunos rasgos comunes que nos inviten a reflexionar sobre este asunto sin entrar en tecnicismos jurídicos sobre los que no tenemos conocimientos suficientes.
Como vemos, la situación por la que pasan les habitantes represaliades de Fraguas contempla una posibilidad de no entrar en la cárcel. Sin embargo, no existe posibilidad alguna de no pagar la cantidad desorbitada que se les pide. La cárcel aparece como amenaza de estado que obliga al pago de la deuda. Lo único inevitable aquí es pagar. Incluso si la pena de cárcel se materializara (esperamos no lo sea por el gran apoyo que tienen les compañeres en todo el estado, el gran esfuerzo de divulgación que llevan haciendo durante años y la amplia solidaridad existente), la deuda económica podría seguir como una espada de Damocles permanente. Sin embargo, dicha espada es más admisible socialmente y pasa mucho más desapercibida que el encierro físico, pero no por ello resulta menos violenta ni menos condicionante sobre la vida de las personas.
Hagamos un ejercicio de memoria y recordemos la lucha contra las obras del pantano de Itoiz hace más de 25 años. En una entrevista que Martxelo Díaz hace a las personas que sufrieron la represión por la acción directa del corte de cables, ellas responden;
I.E.: Sufrimos represión en su día y seguimos sufriéndola hoy en día con los embargos que tenemos. Tenemos una deuda con el Estado de dos millones de euros [por la responsabilidad civil]. Por ello, no podemos tener nada. Ni podemos trabajar en un trabajo que cobres más del mínimo porque te lo embargan. Es una consecuencia muy dura, que quizás en su momento sería la que menos pensábamos.
-P.L.: Después de 25 años seguimos siendo represaliados políticos. Tenemos las nóminas embargadas.
I.E.: Sufrimos represión en su día y seguimos sufriéndola hoy en día con los embargos que tenemos. Tenemos una deuda con el Estado de dos millones de euros [por la responsabilidad civil]. Por ello, no podemos tener nada. Ni podemos trabajar en un trabajo que cobres más del mínimo porque te lo embargan. Es una consecuencia muy dura, que quizás en su momento sería la que menos pensábamos.
-P.L.: Después de 25 años seguimos siendo represaliados políticos. Tenemos las nóminas embargadas.
Uno de los aspectos que Gatti señala es que la represión económica produce un vaciamiento de la carga emotiva y una banalización de la experiencia represiva. «el chantaje de la deuda impone una sumisión anodina que no necesita protocolos de aislamiento ni formas de control físicamente perceptibles.»
Otra cuestión a la que alude y esta resulta muy oportuna con el proyecto de Fraguas y su compromiso con una forma de vida autogestionada, la cuál conlleva objetivos de autosuficiencia energética, autonomía alimentaria y búsqueda de una vida comunitaria, es la siguiente. «La articulación jurídico-penal de esa estrategia de governance securitaria basada en imponer una pasividad económica– o su constante amenaza - como forma fisiológica de vivencia. Lo que se busca no es predeterminar las conductas mediante técnicas disciplinarias sino obligando a los individuos a replantear su autogestión de la existencia desde la condición de endeudados y asumir la categoría capitalista de la “rentabilidad de la inversión” como brújula de toda acción vital (Biagini & Fernández Peychaux 2013,18; Lazzarato 2015, 107). De esa forma, el capital busca también en el control penal una objetivación del futuro necesaria para disponer preventivamente de él (Lazzarato 2013, 53) y de los marcos de dominación existentes.»
En este sentido, es innegable que la represión ha actuado sobre Fraguas obligando al cese de un proyecto de experimentación comunitaria, así como un referente en la repoblación rural del estado español. Podríamos decir que la represión marca un claro aviso a quienes, viviendo en Guadalajara, Cantabria o cualquier lugar, decidan actuar por sí mismes sin delegar en ninguna institución y repueblen con sus propios cuerpos lugares abandonados en el medio rural. Sin embargo, nos parece más interesante quedarnos con dos hechos. El primero es que les pobladores consideran que Fraguas ha sido una victoria, pues ha servido para exponer el tema de la despoblación en la opinión pública y como trampolín para personas y proyectos de vuelta al mundo rural. El segundo es que todo apunta a que la solidaridad que se extiende por distintos colectivos, centros sociales y espacios políticos, va a conseguir que las personas represaliadas de Fraguas consigan los objetivos que se han propuesto en su defensa ante la ofensiva de este sistema que se lleva la vida por delante. Ambos hechos son alicientes para no desistir en nuestras inquietudes, apoyarles y seguir construyendo.
Podéis apoyarles en; crowdfunding en goteo.org.
Artículo publicado en el Boletín Briega en papel nº42 del mes de Abril de 2023